El PSOE denuncia irregularidades en la modificación presupuestaria de 21 millones en Puerto de la Cruz
El PSOE de Puerto de la Cruz denuncia irregularidades y falta de justificación técnica en la modificación presupuestaria de 21 millones de euros impulsada por el gobierno tripartito local.
La gestión de las arcas públicas en Puerto de la Cruz ha entrado en una fase de alta tensión política tras la reciente maniobra del ejecutivo local —integrado por PP, ACP y Coalición Canaria— para sacar adelante una modificación presupuestaria de 21 millones de euros. Según ha hecho público el portavoz del PSOE en el municipio, Marco González, la tramitación de este expediente ha vulnerado los estándares habituales de fiscalización, al ser incorporado a un pleno extraordinario sin haber superado el trámite previo de dictamen en comisión.
El núcleo de la controversia reside en la colisión entre la urgencia esgrimida por el tripartito y las advertencias contenidas en los informes de los servicios técnicos municipales. Estos documentos, que han servido de base para la denuncia socialista, cuestionan la falta de justificación sobre la premura de la medida y señalan una ausencia de concreción en el destino de los fondos. Según el análisis de la oposición, estas carencias técnicas se extienden a cinco de las siete áreas de gestión del Consistorio, incluyendo la propia Alcaldía, lo que arroja dudas sobre la solidez administrativa de la propuesta.
Desde una perspectiva de gobernanza, el episodio pone de relieve el debate sobre los límites de la discrecionalidad en la gestión de recursos extraordinarios. La normativa local exige que cualquier alteración presupuestaria de esta envergadura cuente con una memoria justificativa que acredite la necesidad inaplazable de los gastos, un requisito que, a juicio de los socialistas, ha sido ignorado. La preocupación del PSOE no solo se centra en el procedimiento, sino en la distribución de las partidas: mientras que el área gestionada por Asamblea Ciudadana Portuense absorbería más de 12 millones de euros —cifra que el PSOE contrasta con el bajo nivel de ejecución presupuestaria previo de dicha formación—, las competencias de Coalición Canaria en materia de comercio y servicios reciben una dotación significativamente menor, apenas un 7% del total.
La denuncia de González también pone el foco en el impacto sobre la liquidez municipal, advirtiendo que la operación dejaría el remanente de tesorería por debajo de los 3 millones de euros, una cifra que, según el exalcalde, compromete la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias. Más allá de las cifras, el conflicto evidencia una fractura institucional profunda. El PSOE ha calificado la actuación del gobierno como una falta de respeto a los mecanismos de control democrático, sugiriendo que el reparto de fondos responde a una estrategia de supervivencia política ante el ciclo preelectoral más que a una planificación técnica de las necesidades reales de la ciudad.
Ante este escenario, el grupo socialista ha anunciado que mantendrá una labor de fiscalización exhaustiva sobre el destino de estos 21 millones de euros. La formación insiste en que la transparencia en la toma de decisiones no es una opción facultativa del gobierno de turno, sino un imperativo legal y ético que, en este caso, consideran que ha sido desatendido, dejando a la oposición y a la ciudadanía al margen de un debate que consideran esencial para la salud democrática del municipio.