La asociación de vecinos de El Tejar, en Puerto de la Cruz, cumple un año sin luz por la inacción municipal
La asociación de vecinos de El Tejar, en Puerto de la Cruz, cumple casi un año sin suministro eléctrico debido a una parálisis administrativa que afecta a decenas de menores y colectivos locales.
La parálisis administrativa que afecta a la sede de la asociación de vecinos de El Tejar, en el Puerto de la Cruz, ha superado el umbral de lo tolerable, dejando a decenas de menores y colectivos locales sin suministro eléctrico desde octubre de 2025. Tal y como ha documentado Diario de Avisos, la persistencia de esta carencia, que obliga a los usuarios a recurrir a soluciones precarias como linternas o dispositivos móviles para desarrollar sus actividades, pone de manifiesto una preocupante brecha en la gestión de los servicios públicos básicos en el municipio.
El origen del conflicto, según las informaciones recabadas, se localiza en una conexión irregular vinculada a un inmueble colindante en la calle Canastilleras. Pese a que el Ayuntamiento, gobernado por el tripartito PP-ACP-CC desde agosto de 2024, ha reconocido la complejidad técnica del caso y ha presupuestado una partida de 20.000 euros para su resolución, la inacción se prolonga durante casi un año. Esta demora ha generado un clima de desconfianza entre los responsables de la entidad vecinal, quienes temen que el deterioro de las instalaciones sea una estrategia encubierta para recuperar el inmueble, cedido históricamente a la asociación a cambio de la gestión municipal del velatorio local.
La situación afecta directamente a la labor altruista de docentes como María Vanessa León Peraza y Mila González, quienes imparten clases de refuerzo e idiomas a menores, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad. La falta de respuesta ha llevado a las afectadas a elevar sus quejas ante la Diputación del Común, denunciando un trato discriminatorio que, a su juicio, podría estar condicionado por la adscripción política de los miembros de la asociación o por la presencia de elementos simbólicos en la sede, como el retrato de un antiguo regidor socialista.
Desde el equipo de gobierno local se ha insistido en que el proceso se encuentra sujeto a los cauces administrativos reglamentarios para garantizar la legalidad de la intervención. No obstante, la ausencia de un calendario de ejecución concreto mantiene en la incertidumbre a los usuarios de este espacio, que cuenta con cuatro décadas de trayectoria en el barrio. Este caso no solo ilustra las dificultades técnicas de la gestión de infraestructuras municipales, sino que también subraya la tensión entre la administración local y el tejido asociativo cuando los servicios básicos se ven comprometidos por irregularidades de terceros y una gestión burocrática que, en este caso, se percibe como insuficiente ante las necesidades educativas y sociales de la ciudadanía.