Puerto de la Cruz inicia la regulación del alquiler vacacional para frenar la presión habitacional
El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz inicia la redacción de una ordenanza municipal para regular el alquiler vacacional y frenar la proliferación de viviendas sin licencia, apoyándose en un estudio de capacidad de carga para equilibrar el turismo con el derecho a la vivienda.
La reciente decisión del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz de iniciar los trámites para la redacción de una ordenanza municipal que regule el alquiler vacacional marca un punto de inflexión en la gestión turística del municipio. Según adelanta la información local, el consistorio busca poner coto a un fenómeno que, en la práctica, ha operado en gran medida al margen de la supervisión administrativa, con apenas una fracción de las 2.300 viviendas contabilizadas cumpliendo con los requisitos formales de comunicación previa o contando con el visto bueno del Cabildo de Tenerife.
Este movimiento, impulsado por el área de Ciudad Sostenible, no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la necesaria adaptación de la normativa local a la Ley 6/2025 de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. La urgencia de esta medida, tal y como ha señalado el primer teniente de alcalde, David Hernández, responde a la brecha existente entre la realidad del mercado y el reconocimiento administrativo de estas actividades. Para fundamentar esta regulación, el Ayuntamiento ha presupuestado 14.950 euros destinados a un estudio de capacidad de carga que evaluará no solo el impacto en el mercado inmobiliario, sino también la presión sobre los servicios públicos y el tejido social, especialmente en zonas de alta densidad como el casco histórico y Punta Brava.
El contexto en el que se produce esta iniciativa es de una creciente tensión habitacional en el archipiélago. Tenerife, que concentra cerca del 41% de las más de 38.000 viviendas vacacionales disponibles en Canarias, se ha convertido en el epicentro de un debate sobre el equilibrio entre el motor económico turístico y el derecho a la vivienda. La legislación autonómica vigente impone un umbral de reserva del 90% de la edificabilidad para uso residencial, una cifra que solo podrá ser alterada si los estudios municipales demuestran que la actividad turística no compromete el acceso a la vivienda de los residentes.
Puerto de la Cruz se alinea así con otros municipios tinerfeños que ya han comenzado a blindar su parque residencial. Mientras que en Granadilla de Abona ya se ha aprobado una normativa específica, otros ayuntamientos como Adeje han optado por la suspensión cautelar de nuevas altas, y capitales como Santa Cruz o La Laguna avanzan en la adecuación de sus instrumentos urbanísticos. Este cambio de paradigma traslada a las administraciones locales la responsabilidad de definir el modelo de convivencia, obligándolas a determinar con precisión dónde y bajo qué condiciones es sostenible la actividad vacacional, en un momento en el que el número de plazas alojativas en las islas sigue siendo objeto de un intenso escrutinio público y político.