El alcalde de Puerto de la Cruz admite que recibió el aviso de contaminación en Playa Jardín tras negarlo inicialmente
El alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, ha rectificado y admitido que el Ayuntamiento recibió la notificación de contaminación en Playa Jardín durante las fiestas de San Juan, contradiciendo su versión inicial sobre la falta de avisos sanitarios.
La gestión de la crisis sanitaria en Playa Jardín ha dado un giro inesperado tras la reciente comparecencia del alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, en el pleno municipal. Tal y como ha trascendido a través de la información publicada por diversos medios locales, el regidor ha rectificado su postura inicial, admitiendo finalmente que el Consistorio sí recibió la notificación oficial de la Dirección General de Salud Pública que advertía sobre la contaminación microbiológica detectada en el litoral entre el 22 y el 24 de junio de 2026.
Este reconocimiento contradice frontalmente las declaraciones ofrecidas por el primer edil apenas cuatro días antes, cuando sostuvo en una rueda de prensa extraordinaria que no existía constancia de aviso alguno por parte de las autoridades sanitarias. La discrepancia resulta especialmente sensible al coincidir el episodio de contaminación con la celebración de las fiestas de San Juan, periodo en el que la afluencia de bañistas en la zona de El Charcón —punto donde se registraron los niveles de microorganismos fuera de norma— es notablemente elevada.
El protocolo vigente, amparado por el Real Decreto 1341/2007, establece que la detección de vertidos de aguas residuales debe activar una comunicación inmediata entre el organismo autonómico y la administración local para proceder al cierre preventivo de las aguas de baño. Según la versión municipal, aunque el correo electrónico fue recibido, el equipo de gobierno alega no haber tenido acceso al mismo hasta el día 24. En ese intervalo, el Ayuntamiento optó por encargar analíticas a una entidad privada, cuyos resultados favorables —aún no publicados— fueron esgrimidos por Afonso para justificar la inacción respecto al cierre de la playa.
La Dirección General de Salud Pública, por su parte, mantiene que el procedimiento se ajustó a la normativa, habiendo notificado la incidencia mediante los canales habituales, incluyendo el sistema nacional Náyade, plataforma oficial donde se centralizan las restricciones sanitarias. Esta falta de sincronía entre ambas administraciones se ve agravada por el antecedente inmediato de 2024, cuando una crisis de saneamiento estructural mantuvo Playa Jardín clausurada durante casi un año. Aquel episodio, derivado de deficiencias en la depuradora de Punta Brava y roturas en el emisario submarino, dejó una huella de desconfianza en la ciudadanía que ahora se reaviva ante la opacidad en la comunicación de este nuevo incidente.
El hecho de que el Consistorio llegara a emitir un certificado oficial, firmado por la secretaría municipal, negando la recepción de cualquier comunicación durante los días críticos, añade una capa de complejidad política al caso. Mientras el PSOE local exige explicaciones sobre la gestión de la información, el Ejecutivo municipal insiste en que, tras tener conocimiento del aviso, remitió un oficio a la Dirección General para informar de sus propias actuaciones, sin que hasta la fecha se haya aclarado por qué se priorizaron analíticas externas frente a las directrices de la autoridad sanitaria competente.