Polémica en Puerto de la Cruz por la paralización de las obras del emisario y la depuradora de La Orotava
El PSOE de Puerto de la Cruz denuncia que el alcalde, Leopoldo Afonso, ha paralizado las obras del emisario y la EDAR bajo argumentos falsos, ya que la documentación oficial confirma que los permisos necesarios están vigentes desde finales de 2024.
La gestión de las infraestructuras hidráulicas en el Valle de La Orotava ha entrado en una fase de alta tensión política tras la reciente controversia sobre la paralización de las obras del emisario submarino y la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). Según ha hecho público el grupo municipal del PSOE en Puerto de la Cruz, la narrativa oficial esgrimida por el alcalde, Leopoldo Afonso (PP), carece de sustento documental, lo que abre un debate sobre la transparencia en la administración local y la responsabilidad en la ejecución de proyectos críticos para el saneamiento de la zona.
El núcleo del conflicto reside en la atribución de responsabilidades administrativas. Mientras el regidor municipal ha señalado a la Dirección General de Costas del Estado como el agente bloqueador de los trabajos, alegando una supuesta complejidad burocrática, la documentación aportada por los socialistas —basada en registros del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF)— contradice esta versión. Los expedientes 2023/061 y 2023/046, relativos al emisario y a la primera fase de la depuradora respectivamente, reflejan que los permisos sectoriales necesarios cuentan con el visto bueno administrativo desde diciembre de 2024.
Un aspecto técnico fundamental que subraya el PSOE es la competencia competencial: la gestión del dominio público marítimo-terrestre en este ámbito recae sobre el Gobierno de Canarias y no sobre el Ejecutivo central. De hecho, el acta de replanteo del pasado 19 de diciembre de 2024 confirma que las autorizaciones de Costas y municipales estaban ya integradas en el expediente. En el caso de la EDAR, la resolución de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo del Gobierno autonómico, fechada el 12 de diciembre de 2024, eliminó la cláusula suspensiva que impedía el inicio de las actuaciones, dejando el camino despejado para la licitación o ejecución de las obras.
Esta discrepancia entre el discurso institucional y los archivos oficiales plantea interrogantes sobre la celeridad en la resolución de problemas medioambientales que afectan directamente a la ciudadanía, como los vertidos recurrentes en Playa Jardín y la situación en Punta Brava. El portavoz socialista, Marco González, ha cuestionado la capacidad de gestión del equipo de gobierno, instando a una rectificación ante lo que consideran una falta de rigor en el seguimiento de expedientes que son, a efectos administrativos, viables. La situación pone de relieve la urgencia de coordinar las actuaciones entre las distintas administraciones canarias para evitar que la parálisis de infraestructuras básicas se convierta en un foco de desgaste político basado en informaciones que, según la documentación expuesta, no se ajustan a la realidad administrativa vigente.