Polémica en Puerto de la Cruz por el cierre de Playa Jardín ante la disparidad en los análisis de calidad del agua
El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz cuestiona la orden de cierre de Playa Jardín tras detectar discrepancias entre los análisis sanitarios autonómicos y los resultados de una consultora externa.
La gestión de la calidad del agua en el litoral de Puerto de la Cruz vuelve a situarse en el centro de la polémica tras la reciente orden de clausura de Playa Grande, en Playa Jardín. Tal y como recoge la información difundida por el Consistorio, la Dirección General de Salud Pública ha decretado la prohibición del baño tras detectar parámetros biológicos que contravienen los estándares sanitarios vigentes. Este episodio se suma a una serie de cierres intermitentes que han afectado a distintos puntos de la costa portuense durante el presente verano, generando una notable incertidumbre entre los usuarios y el sector turístico local.
La situación actual se ve agravada por una divergencia técnica sin precedentes: mientras la administración autonómica sostiene la necesidad de restringir el acceso al mar, el Ayuntamiento ha hecho públicos resultados contradictorios obtenidos por una consultora externa, Biocontrol Labtec. Según los datos municipales, las muestras analizadas el pasado 28 de septiembre —recogidas con un margen de apenas sesenta minutos respecto a las oficiales— se encuentran dentro de los márgenes de salubridad permitidos. Esta discrepancia ha llevado al gobierno local a exigir formalmente una aclaración técnica a las autoridades sanitarias, con el fin de disipar las dudas sobre la fiabilidad de los protocolos de muestreo y ofrecer una versión unificada a la ciudadanía.
Este conflicto de competencias y criterios técnicos no es un hecho aislado. Durante el mes de agosto y principios de septiembre, el municipio ya experimentó situaciones análogas en enclaves como Punta Brava, El Charcón y la propia Playa Grande, donde las restricciones fueron levantadas apenas 24 horas después de su imposición al normalizarse los indicadores. La recurrencia de estas alertas pone de manifiesto la vulnerabilidad de la red de saneamiento local, un problema que el Ayuntamiento intenta mitigar mediante la sustitución preventiva del colector de Punta Brava y la intensificación de las labores de vigilancia.
A pesar de la prohibición vigente, el Consistorio ha confirmado que mantendrá su propio calendario de analíticas independientes y los trabajos de mantenimiento en el litoral. La reapertura de Playa Grande queda supeditada, en última instancia, a que la Dirección General de Salud Pública certifique la desaparición de los riesgos detectados, un proceso que, a la luz de los antecedentes recientes, vuelve a poner bajo la lupa la eficacia de los sistemas de control de vertidos y la gestión de las infraestructuras hidráulicas en una de las zonas turísticas más emblemáticas de Tenerife.