
Conflicto entre el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y Salud Pública por la calidad del agua en Playa Jardín
El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y el Gobierno de Canarias mantienen un conflicto técnico por la disparidad en los análisis de calidad del agua que han provocado cierres recurrentes en Playa Jardín.
La gestión de la calidad de las aguas en Playa Jardín ha derivado en un conflicto técnico y administrativo de primer orden entre el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Tal y como recoge el diario El Día, la discrepancia recurrente entre los análisis oficiales y los encargados por el Consistorio ha llevado al alcalde, Leopoldo Afonso, a solicitar formalmente una toma de muestras conjunta, una medida que busca dirimir las contradicciones que han marcado la política de cierres de la zona de baño durante los últimos meses.
La tensión se ha intensificado tras el último episodio de clausura temporal en Playa Grande Centro, decretado este pasado miércoles bajo el criterio de la autoridad regional. Mientras que los protocolos de Salud Pública han justificado estas restricciones basándose en la detección de parámetros microbiológicos —específicamente niveles de E. coli superiores a los umbrales permitidos—, los informes de un laboratorio externo contratado por la administración local han sostenido sistemáticamente que el estado del agua se mantiene dentro de los márgenes de salubridad. Esta divergencia de resultados ha sido una constante en las cuatro ocasiones en las que se ha prohibido el acceso al público este año, incluyendo los cierres registrados en agosto y septiembre.
Para el gobierno municipal, la falta de una metodología unificada está generando una inseguridad jurídica y social que trasciende lo administrativo. A pesar de que el alcalde ha reiterado su petición en tres ocasiones sin obtener una respuesta formal, fuentes del Ejecutivo autonómico han indicado que la propuesta de realizar analíticas conjuntas —una práctica habitual en el pasado— está siendo evaluada y podría materializarse el próximo martes.
El trasfondo de esta disputa es la preocupación por la viabilidad a largo plazo de este enclave turístico. La plataforma ciudadana Stop Vertidos al Mar ha alertado sobre el riesgo de que la acumulación de cierres temporales derive en una clausura definitiva por motivos de salud pública y medio ambiente. Esta inquietud no es menor si se considera el precedente reciente: Playa Jardín permaneció inhabilitada durante casi un año, desde julio de 2024 hasta junio de 2025, debido a una crisis de contaminación microbiológica. La actual inestabilidad, marcada por una sucesión de cierres y reaperturas rápidas, pone de manifiesto la fragilidad del ecosistema costero y la necesidad de un protocolo de control transparente que disipe las dudas sobre la seguridad de los bañistas.