El PSOE denuncia que el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ocultó alertas sanitarias en Playa Jardín
El PSOE de Puerto de la Cruz denuncia que el equipo de gobierno ocultó una advertencia sanitaria sobre la contaminación en Playa Jardín, contradiciendo la versión oficial y exigiendo responsabilidades políticas por la gestión del cierre de la zona.
La gestión de la crisis sanitaria en Playa Jardín ha derivado en una fractura política de primer orden en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Según la documentación oficial a la que ha tenido acceso el grupo municipal socialista, la administración local recibió una advertencia directa de la autoridad sanitaria autonómica el pasado 23 de junio, instando al cierre preventivo de la zona de El Charcón por niveles de contaminación detectados. Este hallazgo, que ha sido hecho público por el portavoz del PSOE, Marco González, pone en entredicho la versión oficial mantenida hasta la fecha por el equipo de gobierno (PP-ACP-CC), que había sostenido desconocer el alcance de las alertas sanitarias en el momento de los hechos.
El expediente administrativo revela una cronología que contradice las explicaciones ofrecidas por el concejal de Playas, Felipe Rodríguez. Los registros indican que, a las 12:23 horas del 23 de junio, el área de Salud Pública notificó por vía telefónica y electrónica la necesidad de restringir el baño. Lejos de proceder al cierre inmediato, el consistorio encargó analíticas externas apenas una hora y diecinueve minutos después de recibir el aviso, una maniobra que el PSOE interpreta como un intento de eludir las directrices de la autoridad competente. La tensión institucional se agravó al día siguiente, cuando, según consta en las actas de inspección, el edil responsable declinó firmar la documentación oficial y atribuyó la ausencia de señalización informativa a supuestos actos vandálicos de los usuarios, una justificación que los informes técnicos desestiman.
La gravedad de este episodio no se limita a la gestión de la alerta, sino que se extiende a la falta de colaboración institucional. Un certificado emitido por la jefatura de inspección sanitaria el pasado 18 de agosto confirma que, a día de hoy, el Ayuntamiento no ha dado respuesta formal a los requerimientos de información cursados por los inspectores. Para la oposición, este silencio administrativo, sumado a la falta de transparencia hacia la ciudadanía, constituye una negligencia política que requiere una asunción de responsabilidades inmediata.
Más allá de la controversia sobre la comunicación del riesgo, el caso ha vuelto a poner el foco sobre las infraestructuras hidráulicas de la zona. El grupo socialista ha aprovechado la coyuntura para reclamar al Cabildo de Tenerife la ejecución urgente de las obras del emisario y la nueva depuradora, proyectos que cuentan con financiación desde 2023 pero que permanecen paralizados. La persistencia de estos problemas estructurales, unida a la opacidad en la gestión de las alertas sanitarias, ha generado un clima de desconfianza vecinal que, según el PSOE, solo podrá mitigarse mediante una rectificación pública por parte del alcalde y la depuración de las responsabilidades políticas derivadas de este episodio.