Puerto de la Cruz encarga un estudio técnico para declarar el municipio zona tensionada de vivienda
El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha encargado un estudio técnico al arquitecto Rodrigo Vargas para fundamentar la declaración del municipio como zona de mercado residencial tensionado ante el Gobierno de Canarias.
Puerto de la Cruz ha iniciado un movimiento estratégico para intentar frenar la crisis de acceso a la vivienda que afecta a su tejido social. Según ha trascendido recientemente, el área de Urbanismo del Ayuntamiento, bajo la dirección del concejal David Hernández, ha formalizado la contratación de un estudio técnico especializado que servirá como piedra angular para solicitar al Gobierno de Canarias la declaración del municipio como zona de mercado residencial tensionado, al amparo de la Ley 12/2023.
La relevancia de esta iniciativa radica en la elección del perfil encargado de ejecutar el diagnóstico: el arquitecto Rodrigo Vargas, galardonado con el Premio Urbanismo Español 2025. La implicación de una figura de este prestigio nacional subraya la complejidad de aplicar las políticas de vivienda estatal en entornos marcados por una fuerte presión turística, donde el equilibrio entre la oferta habitacional y la demanda vacacional se ha vuelto crítico.
El análisis, que cuenta con un presupuesto de 14.000 euros y un cronograma de ejecución de 24 semanas, no se limitará a una mera recopilación estadística. El objetivo es auditar con precisión si el municipio cumple con los umbrales de vulnerabilidad definidos por la normativa vigente. Para ello, el estudio se articulará en tres etapas: una fase inicial de validación de fuentes, una segunda de examen técnico sobre el parque de viviendas y los indicadores socioeconómicos, y una fase final de redacción de la memoria justificativa.
El foco del informe se centrará en la capacidad adquisitiva de los residentes y el esfuerzo financiero que estos deben realizar para cubrir sus necesidades habitacionales. En concreto, se evaluará si el coste de la vivienda —incluyendo los suministros básicos— supera el 30% de los ingresos familiares, un indicador clave para determinar la existencia de una tensión residencial real. Este trabajo, que se desarrollará mediante una coordinación constante con los técnicos municipales, busca adaptar las metodologías de diagnóstico territorial ya empleadas en otras zonas del archipiélago a la idiosincrasia específica de Puerto de la Cruz, proporcionando así una base jurídica sólida ante el Ejecutivo autonómico.