Puerto de la Cruz normaliza el servicio de grúa municipal tras ocho años de precariedad
El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha aprobado el nuevo reglamento del servicio de grúa municipal, poniendo fin a ocho años de precariedad contractual y preparando la licitación de un contrato de 6,3 millones de euros para los próximos diez años.
La normalización del servicio de grúa municipal en Puerto de la Cruz marca el fin de una anomalía administrativa que se ha prolongado durante casi ocho años. Tal y como ha trascendido recientemente, el Ayuntamiento tinerfeño ha culminado la aprobación definitiva del reglamento que regirá esta prestación, un paso indispensable para desbloquear una licitación que llevaba años bloqueada en una situación de precariedad contractual.
El contexto de esta decisión es complejo. Desde que el contrato original expirara en 2018, la gestión del servicio ha estado marcada por la inestabilidad, con la empresa Grúas Juanele operando sin un marco vigente. Esta prolongada interinidad no solo generó un conflicto contable por facturas impagadas, sino que derivó en una crisis operativa durante 2024, cuando los impagos de nóminas provocaron paros laborales que paralizaron la retirada de vehículos en un municipio con una alta densidad de tráfico y una demanda de aparcamiento constante. Actualmente, el depósito municipal alberga cerca de 200 vehículos, una cifra que contrasta con el ritmo habitual de retiradas, que se sitúa en torno a los 50 coches anuales.
La nueva hoja de ruta municipal, coordinada entre el área de Concesiones Administrativas y la Policía Local, contempla un contrato de diez años valorado en 6,3 millones de euros, cuya licitación está prevista para el próximo mes de octubre. El reglamento recién aprobado no se limita a una mera actualización burocrática, sino que redefine las obligaciones de la futura adjudicataria y establece un protocolo estricto para la gestión de vehículos abandonados o fuera de uso.
Bajo la nueva normativa, se establece un procedimiento garantista para la retirada de turismos que permanezcan más de dos meses en la vía pública. Antes de proceder a su traslado a un Centro Autorizado de Tratamiento (CAT) para su destrucción, la Policía Local deberá realizar comprobaciones exhaustivas sobre la titularidad y el estado administrativo del vehículo, asegurando el cumplimiento de los derechos de los propietarios. Asimismo, el pliego de condiciones exigirá que el depósito municipal opere de forma ininterrumpida, las 24 horas del día, bajo estrictos protocolos de seguridad, videovigilancia y gestión telemática.
Para el equipo de gobierno local, encabezado por el alcalde Leopoldo Afonso y el concejal Pedro Antonio Campos, este movimiento responde a la necesidad de dotar al municipio de un servicio público eficiente y con seguridad jurídica. La apuesta es clara: superar la etapa de improvisación mediante una regulación que, además de ordenar el tráfico, permita al Consistorio recuperar la capacidad de respuesta ante las necesidades de movilidad de la ciudad. El éxito de esta medida dependerá ahora de la capacidad de la Administración para ejecutar la licitación y de la solvencia de la empresa que asuma la gestión de un servicio esencial que ha permanecido en el limbo durante casi una década.