Puerto de la Cruz aprueba concesión de agua de 420 millones entre críticas por su duración

El Ayuntamiento del Puerto de la Cruz ha aprobado el expediente de contratación para la nueva concesión del servicio de agua y saneamiento, un proyecto que movilizará una inversión superior a los 420 millones de euros y cuya tramitación ha estado marcada por el debate en torno a su extensión temporal y el impacto de las infraestructuras previstas. La decisión, adoptada con los votos favorables de PP, Coalición Canaria y PSOE, y el rechazo de la Asamblea Ciudadana Portuense (ACP), se produce tras un análisis que ha puesto de manifiesto discrepancias significativas.

Uno de los puntos centrales de la controversia, según la información disponible, reside en la duración de la concesión. La Oficina Nacional de Evaluación (ONE), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha señalado que el plazo de 40 años propuesto excede el periodo recomendado de 26 años, una diferencia que, a juicio de la oposición, podría suponer un beneficio desproporcionado para la futura empresa adjudicataria.

El portavoz de la ACP, David Hernández, presentó una enmienda para posponer la aprobación y profundizar en el análisis de dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la justificación del elevado coste de la concesión y la ausencia de informes técnicos que avalen la duración propuesta. En segundo lugar, la viabilidad de una planta desaladora en el barrio de Punta Brava. Hernández ha expresado su preocupación por el impacto medioambiental de esta instalación y la recalificación urbanística de la parcela destinada a su ubicación, que actualmente figura en el planeamiento como suelo residencial para viviendas sociales. Además, ha cuestionado la falta de especificación sobre el método de evacuación de salmueras y la viabilidad del plazo de construcción de 26 meses sin un informe de impacto ambiental.

Por su parte, el PSOE logró la aceptación de una enmienda que prioriza la ejecución de obras de saneamiento, especialmente en Punta Brava y las estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR) municipales, con el objetivo de subsanar las deficiencias de la red. Los socialistas han matizado que la construcción de la desaladora no debe ser considerada una prioridad ni una ejecución urgente, y han solicitado que la comisión de seguimiento de la concesión cuente con una composición proporcional a la representación política municipal, incluyendo a la oposición.

Desde el grupo de gobierno, se ha defendido que el contrato es un pilar esencial para la eliminación definitiva de vertidos al mar. El alcalde, Leopoldo Afonso, ha manifestado que el objetivo es movilizar más de 28 millones de euros de inversión inmediata para evitar el cierre de playas y recuperar las banderas azules del municipio. El concejal de Concesiones Administrativas, Pedro Antonio Campos, ha calificado el contrato de "histórico" por su dimensión económica y su impacto social y ambiental, asegurando que las inversiones detalladas permitirán modernizar las redes, reforzar la seguridad hídrica y transformar barrios.

A pesar de la aprobación, David Hernández ha insistido en que la ACP ha actuado en defensa del interés ciudadano, reconociendo la necesidad de muchas de las obras contempladas, pero no "a cualquier precio".