El PSOE ratifica la expulsión de los dos concejales de Güímar que apoyaron la moción de censura
El PSOE ratifica la expulsión de los concejales de Güímar que apoyaron la moción de censura contra el anterior equipo de gobierno, obligándoles a pasar al grupo de no adscritos y generando incertidumbre sobre su continuidad en el ejecutivo municipal.
La crisis política en el Ayuntamiento de Güímar ha alcanzado un punto de inflexión definitivo tras la ratificación de la expulsión de los concejales José Miguel Hernández y Patricia Encinoso de las filas del PSOE. Tal y como ha trascendido a través de los canales oficiales de la formación socialista, la Comisión Ejecutiva Federal ha desestimado el recurso presentado por los ediles, confirmando así la sanción impuesta el pasado 17 de diciembre por haber respaldado una moción de censura contra el anterior equipo de gobierno sin el aval de la dirección del partido.
Este movimiento, que se materializó el 11 de agosto de 2025, supuso un vuelco en la gobernabilidad del municipio tinerfeño al desplazar al alcalde Gustavo Pérez (CC) y facilitar el retorno a la Alcaldía de Carmen Luisa Castro (PP). La maniobra, que contó con el apoyo de los dos concejales ahora expulsados, fracturó la representación socialista en el consistorio, dejando a tres ediles en la oposición mientras Hernández y Encinoso optaron por integrarse en el nuevo ejecutivo liderado por los populares.
Desde la perspectiva de la normativa municipal y el régimen de partidos, la pérdida de la militancia socialista conlleva automáticamente el paso de ambos representantes al grupo de concejales no adscritos. Esta figura jurídica, regulada por la Ley de Bases del Régimen Local, plantea ahora un escenario de tensión administrativa. Si bien la ley garantiza que los ediles mantengan sus derechos económicos y de gestión, el PSOE de Tenerife ha instado a la alcaldesa a realizar una revisión profunda de las condiciones actuales. Óscar Olave, secretario de Organización insular, ha reclamado formalmente el cese de los expulsados en sus responsabilidades delegadas —que incluyen áreas clave como Hacienda, Obras, Fiestas y Transportes—, argumentando que la nueva mayoría surgida de la censura debe ajustarse a la realidad política de unos concejales que ya no representan al partido con el que concurrieron a las urnas.
La dirección local del PSOE ha subrayado que el proceso disciplinario ha cumplido con todas las garantías estatutarias, permitiendo a los afectados presentar sus alegaciones antes de la resolución final. Por su parte, los exediles, que durante el pleno de la moción justificaron su decisión alegando una gestión deficiente y falta de transparencia en el mandato anterior, tienen ahora expedita la vía judicial para impugnar una decisión que altera de forma irreversible el mapa político de Güímar. La incertidumbre se traslada ahora a la estabilidad del gobierno de Carmen Luisa Castro, cuya mayoría depende de la gestión de estos dos concejales que, tras su expulsión, se encuentran en una posición de mayor vulnerabilidad política frente a las exigencias de sus antiguos compañeros de siglas.