El PSOE denuncia la parálisis en la rehabilitación de 375 viviendas públicas en Arona
El PSOE de Arona denuncia la paralización de un plan de rehabilitación que afecta a 375 viviendas públicas y reclama al equipo de gobierno la reanudación de las mejoras estructurales y la regularización de la propiedad de los inmuebles.
La gestión del parque público de vivienda en Arona se encuentra en el centro de una creciente controversia política, tras las denuncias formuladas por el grupo municipal socialista sobre la inacción del actual equipo de gobierno en materia de rehabilitación. Según ha expuesto el PSOE en una reciente comparecencia pública, un ambicioso plan de modernización que afectaba a 375 inmuebles ha quedado estancado desde el relevo en la alcaldía en 2023, dejando en suspenso mejoras estructurales largamente demandadas por los residentes.
El núcleo de la problemática reside en la interrupción de una estrategia de regeneración urbana que, durante el mandato anterior, había logrado hitos administrativos significativos. El caso más ilustrativo es el de la urbanización Virgen del Carmen, en Guargacho, donde se movilizaron 2,8 millones de euros mediante la figura del Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU). Esta intervención, financiada por el Estado, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el propio Ayuntamiento, permitió renovar cubiertas, fachadas y elementos de accesibilidad en 70 viviendas. Sin embargo, la hoja de ruta que debía extender estas actuaciones a otros puntos críticos del municipio —específicamente a las promociones de San Martín de Porres, Santa Rita, Hermano Pedro y Mazapé— no ha registrado avances operativos en los últimos tres años.
La situación trasciende la mera conservación de los edificios. Durante una visita a las zonas afectadas, en la que participaron representantes socialistas tanto a nivel local como regional, se puso de manifiesto el malestar vecinal ante el deterioro acumulado de las infraestructuras. A esta carencia de mantenimiento se suma un conflicto de carácter jurídico: la falta de regularización de la propiedad. Muchas de las familias que habitan estas viviendas desde hace décadas continúan a la espera de que se culminen los expedientes administrativos necesarios para formalizar la escrituración de sus hogares, un proceso que, según la oposición, se encontraba en una fase avanzada de tramitación ante el Instituto Canario de la Vivienda antes del cambio de ciclo político.
Desde la perspectiva del portavoz socialista, José Julián Mena, la parálisis actual no solo compromete la integridad física de los inmuebles, sino que debilita la cohesión social en barrios donde la vivienda pública es un pilar fundamental. En un contexto marcado por la tensión en el mercado inmobiliario y la escasez de oferta asequible en el sur de Tenerife, la ausencia de una política activa de rehabilitación se traduce en una mayor vulnerabilidad para los residentes. La falta de continuidad en estos proyectos deja, por tanto, a cientos de familias en una situación de incertidumbre, sin plazos claros para la ejecución de unas reformas que fueron diseñadas para garantizar condiciones de habitabilidad dignas y seguridad jurídica a largo plazo.