El PSOE denuncia retrasos e incumplimientos en la reforma del campo de fútbol de Charco del Pino en Granadilla
El Grupo Municipal Socialista de Granadilla de Abona denuncia retrasos e incumplimientos en la reforma del campo de fútbol de Charco del Pino, cuya ejecución acumula meses de demora respecto a los plazos comprometidos por el actual equipo de gobierno.
La gestión de las infraestructuras deportivas en Granadilla de Abona se ha convertido en un foco de fricción política, tal y como ha denunciado recientemente el Grupo Municipal Socialista. La portavoz del PSOE y exalcaldesa, Jennifer Miranda, ha puesto el foco en la paralización de la reforma del campo de fútbol de Charco del Pino, una actuación que, según la oposición, acumula una desviación temporal significativa respecto a los compromisos adquiridos por el actual equipo de gobierno.
El análisis de la situación revela una cronología marcada por la burocracia y la gestión de fondos públicos. El proyecto, que cuenta con una partida de 800.000 euros consignada en las cuentas municipales de 2025, tiene su origen en un acuerdo suscrito en diciembre de 2023 con la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife. Este convenio fue el paso administrativo necesario para desbloquear la titularidad y permitir la intervención municipal en el recinto. Según la versión del PSOE, el anterior ejecutivo dejó el proyecto técnico redactado y la financiación asegurada, lo que, a su juicio, debería haber facilitado una ejecución ágil.
No obstante, la realidad operativa ha diferido de las previsiones iniciales. Tras la moción de censura que cambió el signo del gobierno local en marzo de 2025, el proceso administrativo se ralentizó: el Ejecutivo actual requirió seis meses para la licitación y otros tres para la adjudicación. Los trabajos comenzaron finalmente en febrero de 2026 con un plazo de ejecución estipulado de cuatro meses, lo que situaba la entrega de la primera fase en junio. Sin embargo, la obra no solo ha incumplido esta fecha, sino que ha sufrido interrupciones constantes, agravadas por supuestos retrasos en el pago de las certificaciones a la constructora.
La controversia se intensifica ante la disparidad entre las promesas gubernamentales y el estado actual del terreno de juego. Pese a que el Ejecutivo trasladó al club deportivo la garantía de que las instalaciones estarían operativas a mediados de agosto, la situación actual del campo impide su uso. Esta falta de cumplimiento en los plazos de obra pública no es un hecho aislado en la administración local, donde la gestión de los tiempos de ejecución suele ser un indicador crítico de la eficiencia en la contratación pública. La denuncia socialista subraya, en última instancia, la brecha existente entre la planificación presupuestaria y la realidad de una obra que, a día de hoy, permanece inconclusa.