El PSOE judicializa el nuevo Plan General de Ordenación de San Miguel de Abona por la recalificación de suelos
El PSOE de San Miguel de Abona ha impugnado judicialmente el nuevo Plan General de Ordenación Supletorio (PGOS) al considerar que la reclasificación de terrenos a suelo rústico vulnera la seguridad jurídica de los propietarios.
La reciente luz verde otorgada por el Ejecutivo autonómico al Plan General de Ordenación Supletorio (PGOS) de San Miguel de Abona ha desencadenado una fractura institucional que trasciende la gestión administrativa para instalarse en la esfera judicial. Tal y como ha trascendido en las últimas horas, el grupo municipal del PSOE ha formalizado una impugnación ante los tribunales contra este instrumento de planeamiento, al considerar que el documento definitivo altera sustancialmente la seguridad jurídica de los propietarios del municipio.
El núcleo de la controversia reside en la recalificación de terrenos que, bajo la anterior normativa, ostentaban la condición de urbanos y que, con la nueva hoja de ruta, han sido catalogados como suelo rústico. Esta modificación, sumada a la situación de diversas edificaciones que, según la formación socialista, habrían quedado en situación de fuera de ordenación, ha motivado que el portavoz del grupo, José Carlos Rodríguez, denuncie una falta de interlocución efectiva con los residentes durante la tramitación del expediente. Para el PSOE, la ausencia de un consenso social amplio invalida la legitimidad de un texto que, a su juicio, perjudica directamente el patrimonio de las familias sanmigueleras.
Por su parte, el equipo de gobierno local ha optado por desvincularse de la responsabilidad directa sobre la aprobación final, recordando que la competencia recayó en el Gobierno de Canarias tras un proceso técnico que se ha prolongado durante más de diez años. Desde el consistorio se defiende la solvencia del documento, argumentando que el periodo de exposición pública y el plazo para presentar alegaciones se ajustaron estrictamente a la legalidad vigente. Asimismo, fuentes municipales restan peso a la conflictividad social del plan, al sostener que el grueso de las reclamaciones registradas durante el proceso no provino de ciudadanos a título individual, sino de mercantiles con intereses en el sector inmobiliario.
Este choque de posturas pone de manifiesto la complejidad de actualizar el planeamiento urbanístico en Canarias, un proceso que a menudo se convierte en un campo de batalla político. Mientras el gobierno local insiste en que el PGOS es una herramienta técnica necesaria para dotar al municipio de una estrategia de desarrollo a largo plazo, la judicialización del proceso abre un periodo de incertidumbre. La resolución de este litigio será determinante no solo para el futuro urbanístico de San Miguel de Abona, sino también para clarificar los límites entre la potestad de las administraciones para reordenar el territorio y el derecho de los propietarios a mantener la estabilidad de sus derechos adquiridos.