El PSOE exige al Cabildo bonificar el precio del Refugio de Altavista para los residentes tinerfeños
El PSOE en el Cabildo de Tenerife exige aplicar una partida de 100.000 euros para bonificar el precio de pernocta a los residentes en el recién reabierto Refugio de Altavista, cuestionando la actual estructura tarifaria del Parque Nacional del Teide.
La reapertura del Refugio de Altavista, prevista para el próximo lunes 20 de julio, ha reabierto el debate sobre la gestión de los recursos públicos en el Parque Nacional del Teide. Tal y como recoge la información publicada recientemente, el grupo socialista en el Cabildo de Tenerife ha instado a la corporación insular a ejecutar una partida presupuestaria de 100.000 euros, ya aprobada mediante una enmienda, con el objetivo de bonificar hasta la mitad del coste de pernocta para los residentes en la isla.
La controversia se centra en la estructura tarifaria establecida para esta instalación, que cuenta con 130 años de historia y una capacidad limitada a 49 plazas. Actualmente, el precio fijado para los residentes es de 29 euros por noche, una cifra que, según la secretaria general del PSOE, Tamara Raya, supone una barrera económica significativa para las familias locales, citando como ejemplo que un grupo familiar de cuatro personas debería desembolsar 116 euros por una estancia. La propuesta socialista busca establecer una diferenciación tarifaria más acusada, sugiriendo que los visitantes no residentes asuman una mayor carga en el mantenimiento del recinto para aliviar el gasto de los montañeros locales.
Este emplazamiento político pone el foco en la gestión de los tiempos del Cabildo, dado que la puesta en marcha de la instalación se produce con un año de retraso respecto a las previsiones iniciales. El refugio, que permanecía inactivo desde noviembre de 2019, vuelve a operar tras siete años de cierre, un periodo en el que se han sucedido diversos anuncios de reapertura que no llegaron a materializarse hasta la presente fecha.
El modelo de precios actual, que oscila entre los 29 euros para residentes, los 56,8 euros para montañeros federados no residentes y los 71 euros para el público general, se sitúa en el centro de la disputa. La formación socialista insiste en que no se requiere una nueva inyección de capital, sino la aplicación efectiva de los fondos ya consignados en el presupuesto de 2026. Este conflicto subraya la tensión habitual en los espacios naturales protegidos entre la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera de las infraestructuras y el derecho de la población local a acceder a su patrimonio natural en condiciones de asequibilidad.