La Fiscalía pide hasta siete años de cárcel para tres detenidos por una oleada de robos en Tenerife
La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife solicita hasta siete años de prisión para tres individuos acusados de cometer robos con fuerza en catorce viviendas mediante técnicas de apertura sin violencia.
La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado penas que oscilan entre los seis años y medio y los casi siete años de cárcel para tres individuos, cuya detención en junio de 2025 en el aeródromo de Tenerife Sur permitió la incautación de 194 piezas de joyería. Tal y como recoge la información difundida sobre el caso, los encausados permanecen en situación de prisión preventiva desde su arresto, un periodo que ha servido para que el Ministerio Público articule una acusación centrada en delitos de robo con fuerza y receptación.
El procedimiento judicial ha puesto de manifiesto la complejidad técnica de la operativa delictiva. Según las investigaciones, los implicados accedían a viviendas particulares empleando técnicas de apertura como el bumping o el uso de ganzúas, métodos que permiten el acceso a inmuebles sin dejar señales de violencia en los accesos, dificultando así la detección inmediata de la intrusión. La Fiscalía vincula a los procesados con la sustracción de bienes en catorce domicilios de la isla, entre los que se contabilizan relojes, monedas, medallas y artículos de escritura, además de una suma en efectivo cercana a los 5.500 euros.
Durante la fase preliminar del juicio, el debate jurídico se ha centrado en la tipificación de los hechos. La acusación pública ha planteado la posibilidad de elevar la calificación a robo continuado, una figura que permitiría agrupar las acciones delictivas cometidas durante el año previo a la captura. No obstante, el magistrado ha expresado sus reservas ante esta propuesta, al considerar que aún no existe una determinación precisa sobre la temporalidad y la dispersión geográfica de los asaltos.
El impacto económico del caso es notable, no solo por el valor de las piezas recuperadas, sino por aquellas que permanecen en paradero desconocido. Mientras que algunas de las pérdidas fueron cubiertas por las entidades aseguradoras, la Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional respecto a otros diez denunciantes, al no haberse podido acreditar su implicación en el grueso de los hechos juzgados. En términos de responsabilidad civil, se ha fijado una cuantía inicial de 900 euros, a la que deberá sumarse el importe resultante de la tasación pericial de los objetos que no han podido ser recuperados por sus legítimos propietarios.