La Fiscalía archiva la causa contra dos concejales de ACP por los vertidos en Playa Jardín

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha dictado el sobreseimiento de las actuaciones contra los concejales de Asamblea Ciudadana Portuense (ACP), David Hernández y Alberto Cabo, en el marco de la investigación judicial abierta por los vertidos de aguas residuales que obligaron a clausurar Playa Jardín durante gran parte del periodo comprendido entre 2019 y 2024. Según la documentación a la que ha tenido acceso este medio, el Ministerio Público ha concluido que ambos ediles carecían de atribuciones ejecutivas sobre el saneamiento y el ciclo integral del agua, descartando así cualquier indicio de responsabilidad penal en su gestión.

El auto, fechado el 12 de marzo de 2026, clarifica el organigrama municipal tras un análisis exhaustivo de los decretos de alcaldía y las declaraciones testificales, incluyendo la del exsecretario del Ayuntamiento. La instrucción ha determinado que la responsabilidad sobre la red de saneamiento recayó, de manera continuada desde 2019, en la concejala Flora Perera, quien ostentó la delegación del área encargada de estos servicios públicos, independientemente de las distintas denominaciones que adoptó la concejalía a lo largo de los mandatos.

En el caso de Alberto Cabo, el informe fiscal subraya que, entre 2019 y 2023, su rol se limitó a una concejalía específica supeditada a la dirección general de Perera, sin capacidad de firma ni autoridad sobre la gestión de vertidos. Por su parte, David Hernández ha visto archivada su causa al acreditarse que sus funciones se circunscribieron exclusivamente al ámbito del Urbanismo, sin competencias delegadas en materia de alcantarillado o en la interlocución con la empresa concesionaria, Aqualia.

A pesar de este archivo parcial, el procedimiento judicial sigue su curso para el resto de los investigados. Entre ellos figuran el exalcalde Marco González, la consejera insular de Medio Natural, Blanca Pérez, y el gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, Javier Davara. La causa original se originó tras la crisis sanitaria y medioambiental que, en julio de 2024, forzó el cierre de la playa portuense debido a la detección de niveles elevados de bacterias fecales.

Tras conocer la resolución, Hernández y Cabo han valorado positivamente el archivo, incidiendo en que la investigación ha servido para delimitar las responsabilidades políticas y técnicas que, a su juicio, fueron objeto de elusión por parte de otros actores durante el periodo investigado. Ambos concejales han manifestado su respaldo a que la Fiscalía continúe profundizando en las causas de los vertidos en la isla, al considerar que la transparencia en la gestión del ciclo del agua es una cuestión de interés público fundamental.