Fiscalía pide precintar cantera ilegal en Tenerife tras 20 años de actividad.

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha denunciado formalmente a la empresa que extrae áridos en Los Cármenes (Chimiche) ante el Juzgado de Granadilla de Abona. Pide que se pare y precinte de inmediato la actividad de esta empresa.

Esta acción judicial surge de una denuncia presentada en mayo de 2025 por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN). Tras varios meses de investigación, la Fiscalía cree que podría haberse cometido un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

La investigación de la Fiscalía ha descubierto un patrón de irregularidades que se han mantenido en el tiempo. Según el escrito, la empresa ha estado extrayendo, triturando y tratando áridos durante más de veinte años sin contar con los permisos legales obligatorios. Estas operaciones se han llevado a cabo en terrenos de gran valor en zonas como el Barranco del Horno (o Piedras Caldas), El Barranquillo de Las Arenitas y El Barranquillo de Cha Silveria.

La actividad se desarrolla en suelo rústico que debería estar protegido por su valor agrario, para infraestructuras y por su paisaje. Según la Fiscalía, el impacto es "gravísimo", causando una degradación severa del suelo, el subsuelo y la configuración natural del paisaje en la zona Sur.

Dada la magnitud del daño ambiental y la persistencia de esta actividad presuntamente ilegal, la Fiscalía ha solicitado al Juzgado que aplique el artículo 339 del Código Penal. Este artículo permite tomar medidas cautelares para restablecer el orden jurídico. La petición de cierre y precinto no solo se debe a la falta de permisos, sino también al riesgo inminente de que el daño ecológico sea "muy difícil o imposible de reparar" si las máquinas siguen funcionando.

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), que inició este proceso hace menos de un año, ha mostrado su satisfacción por la diligencia de la Fiscalía. Para este colectivo ecologista, que se priorice la protección preventiva del medio ambiente mediante un cierre cautelar es una victoria clave. "No basta con perseguir el delito después de que ocurra; es fundamental evitar que el daño empeore mientras el proceso judicial sigue su curso", señala la organización.

Este caso pone en el punto de mira la supervisión administrativa en Canarias, haciendo que nos preguntemos cómo una actividad de tal envergadura ha podido funcionar al margen de la ley durante 20 años en zonas de protección especial. El proceso judicial que ahora comienza será determinante para sentar un precedente sobre la responsabilidad empresarial y la recuperación de espacios naturales degradados en Tenerife.