Crece el rechazo social en Arico contra el proyecto de plataforma eólica marina de EnerOcean
El proyecto de una plataforma eólica marina en Arico, Tenerife, enfrenta una fuerte oposición vecinal y técnica debido a su impacto paisajístico, la falta de transparencia en su tramitación y las deficiencias detectadas en su estudio de impacto ambiental.
La implantación de infraestructuras energéticas en el litoral canario vuelve a situarse en el centro del debate público. Tal y como ha trascendido recientemente, el proyecto de plataforma eólica marina promovido por la filial de EnerOcean, Primavera Offshore Wind S.L., ha despertado una notable contestación social en el municipio tinerfeño de Arico. La iniciativa, que contempla una inversión de 40 millones de euros, se encuentra actualmente en fase de exposición pública tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado el pasado 27 de febrero de 2026.
El núcleo de la controversia reside en la ubicación y las dimensiones de la infraestructura. Se trata de una plataforma semisumergible dotada de cuatro columnas de acero y dos aerogeneradores, cuya altura total alcanza los 184 metros —equivalente a un edificio de más de cincuenta plantas—. La cercanía de esta estructura, situada a escasos 346 metros del dique del puerto de Granadilla, ha generado una fuerte oposición vecinal, especialmente en la asociación de Las Ceras, en Las Eras. Los residentes denuncian que la denominación del proyecto, vinculada al puerto de Granadilla, oculta que el impacto visual y territorial recae directamente sobre la costa ariquera, un municipio que ya soporta una carga de instalaciones eólicas terrestres que ocupa el 22% de su superficie total.
Desde el punto de vista técnico, el grupo municipal Arico Somos Todos (AST) ha liderado una labor de fiscalización, presentando un expediente de casi doscientas páginas con objeciones al proyecto. Las críticas se centran en las carencias detectadas en el Estudio de Impacto Ambiental. Entre los puntos más señalados destacan la ausencia de una evaluación acumulativa con otros proyectos en tramitación, la falta de rigor en el análisis del impacto paisajístico y la insuficiente protección de la biodiversidad marina, con especial mención a cetáceos, tortugas y tiburones. Asimismo, se cuestiona la viabilidad de la actividad pesquera artesanal en la zona y la seguridad de la navegación en un área de alta densidad de tráfico marítimo.
Más allá de las consideraciones técnicas, el conflicto ha puesto de manifiesto una brecha en la comunicación institucional. El concejal de AST, José Luis Hervella, ha denunciado la escasa publicidad del proceso administrativo, señalando que gran parte de los colectivos locales desconocían la existencia del proyecto y el periodo de alegaciones abierto el 4 de marzo. Esta falta de transparencia ha motivado una campaña de movilización directa en núcleos costeros como Tajao, Abades, El Porís de Abona o La Caleta, donde se ha ofrecido asesoramiento técnico para canalizar el descontento ciudadano.
Este escenario refleja la creciente tensión entre los objetivos de descarbonización y la ordenación del territorio en Canarias. La Ley de Evaluación Ambiental exige que estos proyectos no solo cumplan con estándares técnicos, sino que garanticen una participación pública efectiva y una evaluación rigurosa de las sinergias ambientales. La incertidumbre sobre la postura del grupo de gobierno local de Arico añade un factor de inestabilidad política a un proyecto que, por sus dimensiones y proximidad a la costa, se ha convertido en un caso de estudio sobre los límites de la expansión eólica marina en entornos habitados y de alto valor ecológico.