El PP exige en el Congreso una comisaría permanente en Granadilla ante el aumento de la inseguridad en el sur de Tenerife

La seguridad en el sur de Tenerife se ha convertido en un eje de debate parlamentario tras la iniciativa presentada por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Tal y como recoge la información publicada recientemente, el diputado Juan Antonio Rojas ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) que reclama una reestructuración de los recursos policiales en la comarca, poniendo el foco en la necesidad de dotar a Granadilla de Abona de una infraestructura permanente, ya sea mediante una comisaría de la Policía Nacional o una comandancia de la Guardia Civil.

El planteamiento de los populares responde a un desajuste entre la capacidad operativa actual y la realidad demográfica y económica del municipio. Con un censo oficial que supera los 65.000 habitantes, la cifra real de personas que transitan o residen en la zona —impulsada por el flujo turístico y la actividad logística— se estima por encima de los 80.000. Esta presión, según el análisis del PP, se ve agravada por la ubicación estratégica de infraestructuras críticas como el Aeropuerto Tenerife Sur, el puerto de Granadilla y la futura Zona Franca, puntos que exigen, a juicio de los proponentes, un despliegue de seguridad más robusto.

Desde el ámbito local, el primer teniente de alcalde de Granadilla, Marcos Rodríguez, ha confirmado la disposición del consistorio para facilitar la ejecución de este proyecto. El Ayuntamiento ha identificado terrenos en San Isidro, una localización elegida por su conectividad directa con la autopista del Sur, con el objetivo de que el Ministerio del Interior pueda disponer de suelo para la edificación de estas instalaciones.

La iniciativa parlamentaria no se limita a la construcción de nuevos edificios, sino que abarca una revisión integral de los medios humanos y materiales. El diputado Rojas ha puesto especial énfasis en las deficiencias detectadas en el control de fronteras del aeródromo tinerfeño. Según el texto de la PNL, la saturación en los controles de pasaportes no solo genera un impacto negativo en la percepción del destino turístico, sino que plantea riesgos operativos en la lucha contra la criminalidad organizada, incluyendo el tráfico de estupefacientes y la trata de personas.

En última instancia, la propuesta busca que el Gobierno central realice un diagnóstico preciso sobre la adecuación de las plantillas actuales. La demanda de los populares se traduce en una petición formal para incrementar el número de agentes y optimizar las capacidades operativas de ambos cuerpos de seguridad, garantizando así que la respuesta policial sea proporcional a la complejidad logística y poblacional que caracteriza actualmente al sur de la isla.