Interceptan en Tenerife un patinete eléctrico trucado que circulaba a 100 km/h
La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha inmovilizado un patinete eléctrico tras interceptar a un usuario que circulaba a 100 km/h, evidenciando el peligro de las modificaciones técnicas ilegales en vehículos de movilidad personal.
La proliferación de vehículos de movilidad personal (VMP) con capacidades técnicas alteradas ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad vial en los entornos urbanos. Tal y como recoge la información difundida por la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, un usuario de patinete eléctrico fue interceptado tras protagonizar una persecución a gran velocidad por la carretera del Rosario, alcanzando los 100 kilómetros por hora durante el seguimiento policial.
El incidente, que concluyó en las inmediaciones del Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria, pone de manifiesto el riesgo que suponen los dispositivos que carecen de los limitadores de velocidad exigidos por la normativa vigente. Según los datos recabados por los agentes, el aparato intervenido contaba con un selector de cinco marchas y un mecanismo específico para incrementar la potencia, elementos que permiten al vehículo superar con creces los límites legales establecidos para esta categoría de transporte.
Más allá de la infracción de tráfico inicial —un cambio de sentido prohibido que motivó la intervención—, el caso ha derivado en una investigación administrativa de mayor calado. Aunque las pesquisas policiales han descartado que el patinete fuera sustraído, la Jefatura Provincial de Tráfico ha recibido un expediente completo que incluye el informe técnico, el registro fotográfico de los componentes y la documentación del vehículo. La inmovilización del patinete se produjo, además, al constatarse que carecía de seguro obligatorio desde finales del pasado año.
Este suceso subraya una problemática creciente para las autoridades: la comercialización de dispositivos que, según la versión del propietario, salen de fábrica con prestaciones que exceden los estándares de seguridad. La normativa actual clasifica a los VMP como vehículos de una sola plaza, propulsados por motores eléctricos, cuya velocidad máxima debe estar comprendida entre los 6 y los 25 kilómetros por hora. Cualquier modificación que altere estas especificaciones técnicas no solo contraviene el reglamento de circulación, sino que sitúa a estos aparatos en un limbo legal que complica la responsabilidad civil en caso de accidente, un escenario que las fuerzas de seguridad intentan frenar mediante una vigilancia más estrecha sobre la configuración mecánica de estos vehículos.