Gran despliegue policial en el asentamiento de Los Vivitos en Arona para la identificación de residentes
El Ayuntamiento de Arona, con el apoyo de un amplio dispositivo policial, ha iniciado una operación de identificación de los residentes en el asentamiento de Los Vivitos para avanzar en los expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística.
La intervención coordinada que desde primera hora de esta mañana se desarrolla en el enclave de Los Vivitos, en el municipio tinerfeño de Arona, marca un punto de inflexión en la estrategia municipal para abordar la proliferación de asentamientos en suelo rústico. Tal y como ha informado Diario de Avisos, el despliegue cuenta con un amplio dispositivo de seguridad en el que colaboran la Guardia Civil, la Policía Canaria y los efectivos locales, movilizando más de una treintena de vehículos para asegurar el perímetro y el interior de la zona.
Más allá del despliegue logístico, la operación responde a una necesidad de control administrativo sobre un terreno que, por su naturaleza agrícola y no urbanizable, carece de las condiciones mínimas para el asentamiento humano. Según las fuentes consultadas, el propósito fundamental de esta incursión es la filiación de los residentes, una medida que busca dotar de rigor a los expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística que el Ayuntamiento de Arona tramita desde hace meses. Cabe recordar que el Consistorio ya ha notificado la gran mayoría de estos procedimientos —cerca del 96% del total—, tras haber realizado un censo previo mediante visitas directas a las viviendas.
La situación en Los Vivitos, un área situada entre Guaza y Buzanada y fácilmente reconocible desde la autopista TF-1, refleja un fenómeno de crecimiento sostenido. Actualmente, se estima que el asentamiento acoge a unas 250 personas distribuidas en más de 47 núcleos familiares, una cifra que ha experimentado un incremento notable en el último periodo.
Este movimiento policial, que según las autoridades no tiene como fin inmediato el desalojo, debe entenderse como un paso técnico necesario para la gestión urbanística del municipio. La complejidad de este tipo de intervenciones radica en el equilibrio entre la potestad de las administraciones para velar por el cumplimiento de la normativa territorial y la realidad social de un colectivo vulnerable que ha encontrado en este suelo rústico una alternativa habitacional, a pesar de la falta de infraestructuras y servicios básicos. La identificación formal de los ocupantes permitirá al Ayuntamiento avanzar en la resolución de los expedientes abiertos, cerrando así un capítulo de incertidumbre jurídica sobre el uso de estos terrenos en el sur de la isla.