Investigan a cuatro jóvenes en Santa Cruz de Tenerife por una fiesta ilegal con música a gran volumen
La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife sancionó a cuatro jóvenes por realizar un botellón con música a alto volumen, carecer de ITV y ensuciar la vía pública en la zona de Los Campitos.
La convivencia ciudadana en Santa Cruz de Tenerife se vio alterada durante la madrugada del pasado domingo, cuando un grupo de cuatro jóvenes fue objeto de una investigación policial tras convertir un vehículo particular en un foco de contaminación acústica. Tal y como recoge la información difundida por medios locales, la intervención de la Policía Local puso fin a una situación que mantuvo en vilo a los residentes de los barrios de La Salud y Salamanca durante horas.
El incidente pone de relieve la persistente problemática de los denominados "botellones" y el uso de equipos de sonido de alta potencia en espacios públicos, una práctica que contraviene las normativas municipales de ruido y descanso. Tras recibir múltiples avisos vecinales, los agentes desplegaron un dispositivo de búsqueda que culminó en las inmediaciones del parque de Las Mesas, cerca de la carretera de Los Campitos. Allí, los efectivos localizaron un Seat Ibiza blanco con el maletero desplegado, el cual albergaba un sistema de audio de gran envergadura que emitía música a niveles elevados.
Más allá de la infracción por ruido, la actuación policial derivó en diversas sanciones administrativas. Durante el control, los agentes constataron que el automóvil carecía de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) vigente, con la documentación caducada desde agosto del ejercicio anterior. Asimismo, los implicados fueron denunciados por el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y por el incumplimiento de las ordenanzas municipales relativas a la gestión de residuos, dado el estado de insalubridad en el que quedó el entorno, plagado de envases de cerveza.
Este suceso subraya la dificultad de las autoridades locales para gestionar el impacto acústico que se propaga a través de barrancos y zonas elevadas, afectando a núcleos residenciales distantes. La intervención no solo se saldó con la identificación de los responsables, sino que también sirve como recordatorio de las consecuencias legales derivadas de la alteración del orden público y el incumplimiento de las normativas de seguridad vial y limpieza urbana en la capital tinerfeña.