Gran despliegue policial en Arona contra la proliferación de construcciones ilegales en Los Vivitos
Un macrooperativo policial en el asentamiento de Los Vivitos, en Arona, ha resultado en el precinto de 17 construcciones ilegales, la identificación de 92 personas y la apertura de expedientes administrativos ante la creciente crisis de disciplina urbanística en el sur de Tenerife.
La crisis de la disciplina urbanística en el sur de Tenerife ha alcanzado un punto de inflexión tras el despliegue de un dispositivo de gran envergadura en el municipio de Arona este martes 21 de julio. Tal y como ha trascendido a través de las crónicas locales, la intervención se ha centrado en el asentamiento conocido como Los Vivitos, una zona de suelo rústico donde la proliferación de estructuras precarias ha forzado una respuesta coordinada entre las autoridades municipales y las fuerzas de seguridad.
El operativo, que ha movilizado a más de ochenta efectivos —incluyendo unidades especializadas de la Guardia Civil desplazadas desde la Península, así como agentes de la Policía Nacional y local—, se ha saldado con el precinto de 17 construcciones y la inspección de 64 inmuebles. Durante la actuación, los agentes identificaron a 92 personas y procedieron a la detención de un individuo con antecedentes, además de localizar un espacio destinado a peleas de gallos y decomisar sustancias estupefacientes. Asimismo, la intervención ha derivado en la apertura de expedientes administrativos a 59 personas por presuntas irregularidades en su situación de residencia, conforme a la normativa de extranjería vigente.
Este despliegue no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una problemática estructural que afecta a toda la franja costera y de medianías del sur tinerfeño. La expansión de estos núcleos, que se asientan sobre terrenos protegidos o rústicos donde la edificación residencial está estrictamente prohibida, ha generado una presión insostenible sobre los servicios municipales. La magnitud del fenómeno, que se estima afecta a unas 4.000 personas distribuidas en una franja de 30 kilómetros, ha llevado a los ayuntamientos de la comarca —entre ellos Adeje, Granadilla, San Miguel y Santiago del Teide— a reclamar una intervención urgente de las administraciones insular y regional.
La situación en Arona, que ya había sido objeto de una actuación previa en agosto de 2025, coincide con la reciente publicación de un informe elaborado junto a Cáritas Diocesana. Dicho documento subraya la complejidad de un fenómeno donde conviven perfiles diversos, desde ciudadanos europeos en busca de modelos de vida alternativos hasta residentes locales que han optado por la ocupación ante la falta de alternativas habitacionales.
La inacción prolongada de la Agencia del Medio Natural del Gobierno de Canarias ha precipitado que el consistorio aronero tome la iniciativa, advirtiendo que este despliegue en Los Vivitos es solo el inicio de una serie de actuaciones programadas para las próximas semanas. El trasfondo de este conflicto es una tensión creciente entre la preservación del entorno natural, la seguridad ciudadana y la gestión de una exclusión residencial que, según los responsables municipales, ha superado ya cualquier capacidad de respuesta local.