Cierran de nuevo Playa Jardín por discrepancias en la calidad del agua
El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha cerrado preventivamente Playa Jardín tras una orden de Salud Pública por la detección de parámetros anómalos en el agua, evidenciando una discrepancia técnica con los análisis municipales y reactivando la crisis de saneamiento en el litoral tinerfeño.
La recurrente inestabilidad en la calidad de las aguas de Playa Jardín ha vuelto a situar al litoral de Puerto de la Cruz en una posición de vulnerabilidad, tal y como han informado diversos medios locales tras la última orden de cierre preventivo emitida este miércoles 12 de agosto. Esta medida, adoptada por el Consistorio portuense tras recibir una notificación de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, pone de manifiesto una preocupante falta de consenso técnico, dado que los análisis paralelos encargados por la administración local arrojan resultados satisfactorios que contrastan con los datos oficiales de la autoridad sanitaria regional.
La situación actual no puede entenderse como un hecho aislado, sino como un nuevo capítulo en una crisis de saneamiento que ha marcado la agenda política y ambiental del municipio durante los últimos años. El complejo, que permaneció inhabilitado para el baño durante cerca de un año entre 2024 y 2025 debido a la presencia de vertidos fecales, vuelve a enfrentarse a la incertidumbre. Esta fragilidad se vio reflejada ya el pasado mes de junio, cuando se detectaron parámetros anómalos durante las celebraciones de San Juan; en aquella ocasión, la falta de una notificación administrativa formal derivó en una discrepancia institucional sobre la obligatoriedad de clausurar la zona, un escenario que ahora se ha resuelto con la aplicación inmediata de la restricción por parte del Ayuntamiento.
El núcleo del conflicto reside ahora en la disparidad de los muestreos. Mientras el Gobierno local subraya que el resultado desfavorable es una excepción frente a más de dos centenares de analíticas positivas, la normativa vigente otorga a la Dirección General de Salud Pública la potestad última sobre la seguridad de las aguas de baño. Ante este escenario, el equipo de gobierno ha solicitado un contraste urgente de los datos para esclarecer la discrepancia, mientras mantiene activas las labores de limpieza en la arena y la revisión de las infraestructuras de saneamiento y pluviales.
La gestión de este episodio trasciende lo meramente sanitario, convirtiéndose en un desafío para la estabilidad turística y social de la zona. El alcalde, Leopoldo Afonso, ha justificado la clausura apelando a la responsabilidad y a la protección de los usuarios, mientras la oposición y colectivos vecinales, como la Plataforma Stop Vertidos, siguen de cerca la evolución de los informes. La reapertura de la playa queda ahora supeditada a que las autoridades sanitarias validen la seguridad del entorno, dejando en el aire la pregunta de si las actuaciones de mejora en la red de saneamiento serán, a largo plazo, suficientes para garantizar la viabilidad de uno de los enclaves costeros más emblemáticos del norte de Tenerife.