Polémica en el Cabildo de Tenerife por la incorporación de guardas rurales en el Parque Nacional del Teide
La licitación de 16 guardas rurales para vigilar el Parque Nacional del Teide genera una intensa polémica política en el Cabildo de Tenerife entre quienes defienden su labor como refuerzo necesario y quienes critican la externalización de servicios públicos.
La controversia sobre la gestión del Parque Nacional del Teide ha alcanzado un punto crítico tras la reciente licitación para incorporar a 16 guardas rurales en las labores de vigilancia del espacio protegido. Tal y como ha trascendido a través de las declaraciones de Víctor Villalobos, presidente de la Asociación Hermandad Española de Guardas Rurales, esta medida ha sido objeto de una intensa disputa política, centrada especialmente en las críticas vertidas por el Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife durante el pasado pleno de marzo.
El núcleo del debate reside en la naturaleza de estas funciones. Mientras que desde el sector socialista se cuestiona la externalización de servicios en un entorno público, la asociación profesional defiende la legalidad de su despliegue, amparándose en la Ley 5/2014 de Seguridad Privada. Para Villalobos, la presencia de estos efectivos no debe interpretarse como una privatización, sino como un mecanismo de refuerzo ante la insuficiencia de los recursos públicos actuales. El argumento central de los guardas es que su labor no colisiona con las competencias de los agentes medioambientales, sino que actúa como un complemento operativo necesario para la prevención de daños y la detección temprana de infracciones.
Desde una perspectiva técnica, la asociación sostiene que la vigilancia física es un factor determinante para evitar el deterioro del patrimonio natural. Villalobos establece un paralelismo con otros sectores donde la seguridad privada es una norma aceptada, como el transporte o las grandes superficies, cuestionando por qué se aplica un criterio distinto en la protección de enclaves ecológicos. A su juicio, la ausencia de una presencia constante sobre el terreno facilita la expoliación, el impacto negativo sobre la biodiversidad y una percepción de impunidad ante actividades ilícitas.
La postura de la entidad es clara: el debate debería alejarse de la confrontación ideológica para centrarse en la eficacia de la gestión territorial. Según el portavoz, desacreditar esta figura profesional envía un mensaje contraproducente sobre la necesidad de control en espacios sensibles. La asociación insiste en que su objetivo no es el desplazamiento de otros cuerpos, sino la cobertura de carencias operativas, subrayando que la vigilancia permanente es, en última instancia, una herramienta indispensable para garantizar la integridad de un espacio de la relevancia ambiental del Teide. La tensión política, por tanto, refleja una divergencia profunda sobre cómo debe articularse la protección del medio natural cuando los medios públicos se ven desbordados por la realidad cotidiana del terreno.