En Tenerife juzgan a tres sospechosos de fraude por €2,5 millones en el caso "Tradex".

En Tenerife ha comenzado un gran juicio en el caso conocido como "Tradex". En el banquillo de los acusados se encuentran tres personas acusadas de haber estafado alrededor de 2,5 millones de euros a más de un centenar de inversores de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. La gente les daba dinero para que lo invirtieran en diversos instrumentos bursátiles. Los sospechosos prometían hasta un 50% de beneficio cada dos meses.

Pero todo terminó como en una pirámide financiera común: a los primeros clientes se les pagan intereses con el dinero de los nuevos inversores. Y así continúa hasta que la pirámide se derrumba, porque ya no hay con qué pagar. Entonces los organizadores desaparecen con el dinero, y los fondos robados los esconden en diferentes lugares, de modo que es casi imposible encontrarlos. El principal sospechoso fue detenido y devuelto desde los Emiratos Árabes Unidos, adonde había huido.

En este caso se acusa a Mukesh Daswani, a su socio Francisco I. P. A. y a la novia de Daswani. Los fiscales quieren que Daswani reciba 12 años de prisión por fraude y ocultación de bienes, y su socio, 9 años. La novia de Daswani está acusada de fraude, pero a ella solo le interesa la responsabilidad civil: 327.000 euros.

En la primera sesión, que durará hasta el 20 de enero de 2026, los abogados de las víctimas exigieron que el socio de Daswani también fuera juzgado por fraude, para que respondiera por la devolución del dinero robado. La fiscalía, por su parte, quiere juzgar a ambos como delincuentes, y luego, si son declarados culpables, abrir un caso aparte para que las víctimas puedan recibir una indemnización.

Durante la primera sesión, las partes discutieron diversas cuestiones de procedimiento. La abogada de Francisco I. P. A. exigió que se cerrara el caso. Dijo que su cliente, cuando se enteró del posible fraude de Daswani, se dirigió a un bufete de abogados para que lo representaran como víctima. Les proporcionó todos los documentos y ayudó a crear una plataforma para las víctimas, ya que él mismo y sus familiares también invirtieron dinero en el esquema de Daswani. La abogada también negó que su cliente estuviera involucrado en la apropiación de dinero. Acusó al bufete de abogados de haber violado el derecho de su cliente a la defensa y el secreto profesional.

Francisco I. P. A. era socio de Daswani en la empresa a través de la cual se realizaban las inversiones. Después de un tiempo, el bufete de abogados se negó a representarlo cuando la policía comenzó la investigación. La firma se quedó con todos los documentos y muchos clientes que habían sido víctimas del fraude. En este caso hay alrededor de siete bufetes de abogados que representan los intereses de más de 120 víctimas que afirman haber sido estafadas por la empresa creada por los dos principales acusados.

El abogado de Mukesh Daswani llamó la atención sobre el hecho de que no se había citado al tribunal a la empresa que recibía el dinero y realizaba las inversiones. Intentó que fuera esta empresa la que respondiera por la devolución del dinero.

Tras un receso, los jueces decidieron no acceder a la petición del abogado de cerrar el caso. Dijeron que esto parecía un intento de "echar humo" en esta etapa, aunque se podría haber hecho durante la investigación. La abogada afirmó que había presentado una grabación de audio que se incluyó en la investigación, pero no insistió en ello. Los jueces señalaron que si la abogada considera que las acciones del bufete de abogados podrían haber perjudicado a su cliente, debe presentar una queja ante el colegio de abogados.

En la primera sesión, donde el fiscal leyó la acusación durante más de una hora, solo se trataron estas cuestiones de procedimiento. Los siguientes testigos, entre ellos empleados de la empresa, comparecerán el 5 de noviembre. Los acusados prestarán declaración en último lugar.