La Diputación del Común investiga al Ayuntamiento de Guía de Isora por el impago de los premios de MiradasDoc
La Diputación del Común ha intervenido ante el Ayuntamiento de Guía de Isora por la parálisis administrativa y el impago de 47.500 euros en premios del festival MiradasDoc correspondientes a las ediciones de 2022, 2023 y 2024.
La gestión del Ayuntamiento de Guía de Isora en relación con el Festival Internacional de Cine Documental MiradasDoc se encuentra bajo el escrutinio de la Diputación del Común, tras constatarse una parálisis administrativa que ha derivado en el impago de los galardones económicos correspondientes a las ediciones de 2022, 2023 y 2024. Tal y como ha hecho público la institución autonómica, la falta de respuesta del Consistorio ante las reclamaciones de los cineastas afectados ha forzado una intervención formal para exigir explicaciones sobre el destino de los 47.500 euros adeudados.
La situación, que ha sido calificada por la diputada del Común, Lola Padrón, como una vulneración del derecho a la tutela administrativa, trasciende el mero conflicto contable. La falta de contestación a las solicitudes de información —iniciadas por los premiados en noviembre de 2024 y reiteradas por la Diputación en sucesivos requerimientos desde finales del año pasado— sitúa a los profesionales del sector en un escenario de indefensión jurídica. La administración local no solo ha omitido el abono de las cuantías comprometidas, sino que ha mantenido un silencio institucional que impide a los afectados conocer las causas técnicas o presupuestarias de esta demora, bloqueando así cualquier vía de defensa o resolución amistosa.
El impacto de este bloqueo administrativo no se circunscribe únicamente al ámbito local. Voces autorizadas del sector cinematográfico, como el cineasta David Baute, han advertido sobre el deterioro de la reputación de Canarias como sede de eventos culturales de prestigio. La percepción exterior de un festival que incumple sus bases de convocatoria y desatiende sus compromisos económicos con los creadores supone un daño reputacional difícil de revertir, especialmente cuando el certamen se ha consolidado históricamente como un referente en el circuito documental internacional.
El desglose de la deuda pendiente refleja una acumulación de impagos que afecta a diversas categorías del festival, incluyendo documentales españoles, óperas primas y proyectos de pitching. Concretamente, el Consistorio adeuda 19.000 euros por cada una de las ediciones de 2022 y 2023, sumando otros 9.500 euros correspondientes al ejercicio de 2024. Ante la persistente falta de colaboración del Ayuntamiento, la Diputación del Común ha recordado la obligatoriedad legal de las administraciones públicas de responder a los requerimientos de supervisión, advirtiendo que, de mantenerse la obstrucción, se activarán los mecanismos de presión previstos en la normativa vigente para garantizar la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones contraídas con la ciudadanía.