Tensión en Tenerife por el cierre de pistas para vehículos a motor en el Parque Nacional del Teide
La plataforma Comunidad Offroad Tenerife negocia con el Cabildo la reapertura de pistas históricas en el Parque Nacional del Teide, proponiendo un modelo de acceso regulado que armonice el uso recreativo con la conservación ambiental.
El debate sobre la gestión de los espacios naturales protegidos en Canarias ha sumado un nuevo frente de conflicto. Tal y como recoge la prensa local, la plataforma Comunidad Offroad Tenerife ha iniciado una interlocución con el Cabildo insular para revertir la clausura de dos trazados históricos que, tras la reciente actualización del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide, han quedado excluidos de la red de pistas autorizadas para el tránsito motorizado.
La controversia se centra en los sectores de Montañas Negras, en el municipio de Arico, y el itinerario que conecta la pista de Ramón Caminero con Izaña, a la altura de la Montaña de los Mallorquines. Mientras que la normativa actual interpreta que la circulación de vehículos a motor es incompatible con los objetivos de preservación del ecosistema, el colectivo liderado por Francisco Mora sostiene que el cierre es una medida excesiva que ignora el valor patrimonial y la utilidad logística de estos caminos, empleados históricamente para labores forestales, apicultura y actividades cinegéticas.
La propuesta de este grupo, que representa a una parte de los aproximadamente 12.000 usuarios de vehículos todoterreno y motocicletas de campo censados en la isla, no aboga por una apertura indiscriminada. Por el contrario, plantean un modelo de "mototurismo" regulado que incluya el pago de tasas, la formación obligatoria de los conductores en materia de geología y biodiversidad, y la implementación de controles de acceso. Según el portavoz de la entidad, quien cuenta con una dilatada trayectoria como bombero forestal, la presencia de usuarios organizados en el monte podría ejercer una función de vigilancia activa, disuadiendo comportamientos ilícitos y facilitando la detección temprana de conatos de incendio.
Este planteamiento pone sobre la mesa la tensión recurrente entre la protección estricta de los parques nacionales y el derecho de acceso a un patrimonio viario que, en muchos casos, es anterior a la propia declaración de los espacios protegidos. La organización insiste en desvincular su actividad de las prácticas deportivas extremas, subrayando que el uso responsable del territorio es, a su juicio, una herramienta para evitar el abandono de las zonas rurales.
El desenlace de esta disputa dependerá de la reunión que mantendrán el próximo miércoles los representantes de la comunidad con la consejera insular del área, Blanca Pérez, y el director insular, Pedro Millán. El encuentro servirá para evaluar si es posible establecer un marco de convivencia que armonice la conservación ambiental con la demanda de un sector que reclama su integración en la gestión del monte, apelando a precedentes de colaboración ciudadana en situaciones de emergencia, como los operativos desplegados durante el incendio de 1995.