La alcaldesa de Güímar defiende la permanencia del monumento a Franco en Tenerife frente a la Ley de Memoria Democrática

La reciente orden emitida por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que establece un periodo de seis meses para la retirada del monumento a Franco ubicado en Santa Cruz de Tenerife, ha reactivado el debate sobre la gestión del legado monumental de la dictadura en el espacio público. Tal y como recoge la información publicada por este periódico, la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro (PP), ha vuelto a situarse en el centro de esta controversia al reafirmar su postura sobre la preservación de este tipo de elementos.

La regidora ha desvinculado su defensa del patrimonio de una afinidad ideológica con el régimen anterior, apelando a la necesidad de separar la valoración estética de la carga política. Según sus declaraciones, su posición se fundamenta en el respeto a la legalidad y en la capacidad de las instituciones para contextualizar o reubicar piezas artísticas sin recurrir a la descalificación personal. Para Castro, la permanencia de la escultura no implica una adhesión al periodo histórico en el que fue erigida, sino un reconocimiento a su entidad como obra cultural.

Este posicionamiento retoma el hilo de una polémica iniciada en 2018, cuando la alcaldesa propuso formalmente trasladar la escultura, obra de Juan de Ávalos, a su municipio. En aquel momento, la propuesta de ubicar la pieza en las inmediaciones del cementerio local, bajo el argumento de fomentar la concordia, generó un fuerte rechazo en sectores de la izquierda canaria.

El trasfondo de este conflicto se enmarca en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que busca eliminar vestigios que exalten la sublevación militar y la dictadura. Mientras el Gobierno central prioriza la retirada de estos símbolos para cumplir con los mandatos de reparación y dignidad democrática, voces como la de Castro insisten en una interpretación alternativa que prioriza la conservación del patrimonio artístico. La alcaldesa sostiene que el objeto en sí mismo carece de capacidad para propagar discursos de odio, atribuyendo esa responsabilidad exclusivamente a la acción humana, y advierte contra lo que considera un intento de supresión histórica. La tensión entre la salvaguarda de bienes culturales y la exigencia de una memoria pública libre de símbolos autoritarios sigue siendo, por tanto, un punto de fricción política en el archipiélago.