Centro comercial ARTS: los socialistas demandaron por violaciones de las normas de construcción

Centro comercial ARTS: los socialistas demandaron por violaciones de las normas de construcción

Recurso: Diario de Avisos

Los socialistas han demandado a un empresario y a una empresa por incumplimiento de la normativa de edificación en la construcción del centro comercial ARTS en Playa de Las Américas, lo que, según afirman, pone en peligro la costa de Arona.

El Partido Socialista de Arona ha presentado una denuncia ante los tribunales contra el empresario Diego Sebastián Cano y la empresa Melisofi Consulting SL, responsables de la construcción del centro comercial ARTS en Playa de Las Américas. Se les acusa de infringir la normativa urbanística.

La denuncia, firmada por el socialista Frank Jörg Michael Tölle, alega que las obras realizadas en la parcela donde se levanta el centro comercial difieren sustancialmente de la licencia concedida en 2014. Según los peritos, la edificación resultante es "ilegal e ilegalizable".

Todo comenzó con la autorización del Ayuntamiento de Arona en 2014 para la construcción del centro comercial. Sin embargo, según denuncian los socialistas, las obras no se ejecutaron conforme a lo estipulado en la licencia.

El Ayuntamiento ha estado intentando resolver estas irregularidades desde 2018, pero, según los expertos, muchas de las modificaciones ya son irreversibles.

La principal prueba en la denuncia es un informe pericial elaborado por el arquitecto Juan Jesús Cabrera en marzo de 2025 a petición judicial. En él se detallan numerosas infracciones urbanísticas que no pueden ser legalizadas. Entre las principales irregularidades destacan:

  • La edificación invade la zona de protección de la costa (20 metros desde la línea de mar), lo cual está prohibido por ley.
  • La altura del edificio excede la permitida: 11,6 metros en lugar de los 7 metros autorizados.
  • Se han transformado espacios técnicos en viviendas con vistas al mar y espacios comerciales.
  • Se han ubicado locales comerciales en zonas prohibidas.

El perito señala que la sobreedificación es habitable y no puede considerarse zona técnica.

La denuncia también alega que la urbanización del entorno del centro comercial no se ajusta a lo previsto en 2014, afectando también a terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre. Los socialistas afirman que estas obras carecen de autorización de la Demarcación de Costas.

Además, las modificaciones contravienen el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT), que prohíbe cualquier tipo de construcción en la franja de 20 metros desde la costa, salvo instalaciones de salvamento o relacionadas con el mar.

Los socialistas solicitan al juzgado que cite a declarar a los denunciados, ratifique el informe pericial y requiera al Ayuntamiento de Arona toda la documentación relacionada con la construcción.

En caso de ser declarados culpables, los responsables se enfrentan a penas de hasta 4 años de prisión, multas económicas e inhabilitación para ejercer en el sector de la construcción.

Para los socialistas, el caso del centro comercial ARTS pone de manifiesto la gravedad de las infracciones urbanísticas y la falta de control que amenaza el litoral de Arona. Insisten en la necesidad de respetar la Ley de Costas y no permitir construcciones al margen de la legalidad. Con su denuncia, los socialistas buscan defender los intereses de la comunidad, garantizar la transparencia y frenar la especulación urbanística en la costa.

Además de la denuncia judicial, los socialistas también han solicitado al Ayuntamiento que inicie un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística del centro comercial. Argumentan que el informe pericial constata de forma clara numerosas infracciones, algunas de ellas insubsanables.

Los socialistas recuerdan que el Ayuntamiento está obligado a actuar ante estas irregularidades, incluso si ha prescrito la infracción, ya que se trata de terrenos de dominio público y zonas protegidas. Por ello, exigen que se abra un expediente de reposición de la legalidad y se valore la demolición de las partes ilegales del complejo. Subrayan que el Ayuntamiento debe garantizar el cumplimiento de la ley.