Denuncian barreras arquitectónicas en la nueva pasarela del Padre Anchieta en La Laguna
La asociación Queremos Movernos denuncia que la nueva pasarela del Padre Anchieta en La Laguna presenta graves barreras arquitectónicas que impiden la accesibilidad universal y contravienen la normativa vigente.
La reciente inauguración de la pasarela del Padre Anchieta en La Laguna ha puesto de manifiesto una brecha significativa entre la normativa vigente en materia de accesibilidad y la realidad constructiva de la infraestructura. Tal y como ha documentado la asociación Queremos Movernos tras realizar un ejercicio de campo, el diseño de esta obra pública presenta barreras arquitectónicas que impiden el tránsito autónomo de personas con movilidad reducida y discapacidad sensorial, contraviniendo el principio de accesibilidad universal que debería regir cualquier intervención financiada por el Cabildo de Tenerife.
El análisis técnico realizado por el colectivo, que incluyó pruebas de movilidad con sillas de ruedas, muletas y andadores, revela que la inclinación de las rampas y la configuración de los descansillos no garantizan la seguridad ni la autonomía de los usuarios. Según las observaciones de la entidad, la geometría de los espacios de descanso responde a criterios estéticos que comprometen la estabilidad de las sillas de ruedas, especialmente en condiciones meteorológicas adversas. Asimismo, la falta de señalización podotáctil adecuada y la ausencia de referencias verticales en los tramos de acceso a las facultades y al Padre Anchieta suponen un obstáculo insalvable para las personas ciegas o con sordoceguera, cuyos bastones encuentran dificultades de apoyo en el pavimento actual.
Uno de los puntos más críticos señalados por la asociación es el denominado "caracol de Geneto", un sector que han calificado de infranqueable. La pendiente y el diseño de este tramo imposibilitan el acceso incluso para usuarios con gran capacidad física, lo que, en la práctica, supone el aislamiento de los vecinos de esta zona. Esta situación resulta especialmente controvertida dado que el proyecto contó con la certificación de Sinpromi, organismo encargado de velar por la inclusión en la isla.
Este caso reabre el debate sobre la eficacia de los mecanismos de supervisión en la obra pública. La legislación española, enmarcada en el Real Decreto Legislativo 1/2013, establece la obligatoriedad de garantizar entornos comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas. La denuncia de Queremos Movernos no solo cuestiona la ejecución técnica del Cabildo, sino que exige al Ayuntamiento de La Laguna una intervención inmediata para corregir los errores de diseño. La demanda del colectivo es clara: la infraestructura debe ser adaptada para cumplir con su función social, evitando que una obra de esta envergadura se convierta en un elemento de exclusión para una parte de la ciudadanía.