Tapiado un edificio histórico en Santa Cruz de Tenerife tras ser usado como criadero clandestino de animales
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha forzado el tapiado de un inmueble histórico en la calle Febles Campos tras detectarse su ocupación irregular para actividades clandestinas y el riesgo de desprendimientos por su avanzado estado de abandono.
El deterioro del patrimonio histórico en los cascos urbanos de Canarias ha vuelto a ponerse de manifiesto tras la reciente intervención en el inmueble situado en el número 28 de la calle Febles Campos, en Santa Cruz de Tenerife. Tal y como recoge la prensa local, la propiedad ha sido finalmente tapiada por sus dueños tras una serie de actuaciones policiales motivadas por la ocupación irregular del edificio, que estaba siendo utilizado como centro de cría clandestina de diversas especies animales, incluyendo aves rapaces.
La situación de este inmueble, catalogado dentro del inventario de bienes protegidos del municipio, ilustra una problemática recurrente en la gestión de la vivienda vacía: la desconexión entre la titularidad hereditaria y la responsabilidad de mantenimiento. Al residir los propietarios fuera del archipiélago, el edificio quedó desatendido tras el deceso de los titulares originales, convirtiéndose en un foco de inseguridad y degradación. La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, tras meses de gestiones para localizar a los responsables, ha forzado esta medida de seguridad ante la inacción de los mismos.
Más allá de la problemática de la ocupación, el estado de conservación de la estructura ha obligado a las autoridades municipales a instalar un vallado perimetral en el exterior. Esta medida responde a la necesidad de prevenir riesgos para los viandantes ante el desprendimiento de cascotes, una consecuencia directa del abandono prolongado de una edificación centenaria. Este caso subraya la fragilidad de los elementos protegidos cuando el derecho a la propiedad privada se desvincula de la obligación de conservación que impone la normativa urbanística, dejando a las administraciones locales con un margen de maniobra limitado para evitar la pérdida definitiva de elementos del patrimonio arquitectónico insular.