La Audiencia Nacional asume la investigación por el fraude de la cadena 360 Clinics

La Audiencia Nacional ha asumido la dirección de las diligencias judiciales abiertas tras el colapso operativo de la cadena de centros estéticos 360 Clinics, una decisión motivada por la magnitud del fraude y la dispersión geográfica de los afectados, tal y como ha informado la Policía Nacional y recogido en sus crónicas el diario La Provincia. La investigación, que ha derivado en la imputación del administrador único y la directora general de la mercantil 360 Clinics Ecolaser Ideal S.L., pone de manifiesto una operativa presuntamente delictiva que se prolongó incluso cuando la viabilidad financiera de la firma era ya inexistente.

El núcleo de la causa reside en la captación sistemática de ingresos mediante la venta de bonos y tratamientos de depilación láser, a sabiendas de que la empresa arrastraba impagos estructurales en conceptos críticos como los alquileres de sus locales y las retribuciones salariales de su plantilla. Este proceder, que ha afectado a 172 clientes en las islas de Gran Canaria y Tenerife, se tradujo en una situación de indefensión para los usuarios, quienes, tras formalizar contratos y, en muchos casos, suscribir acuerdos de financiación, se encontraron con el cese abrupto de la actividad a finales de 2025.

El análisis de las pesquisas policiales revela un patrón de conducta en el que la dirección intentó dilatar la percepción del cierre mediante comunicaciones que aludían a una supuesta reestructuración interna. Sin embargo, la realidad operativa era distinta: al menos 40 de los perjudicados no llegaron a disfrutar de ninguna de las sesiones por las que habían abonado el importe íntegro. La gravedad de los hechos ha propiciado que el caso escale a instancias nacionales, dada la interconexión de diversas sociedades bajo el mismo control administrativo y la posibilidad de que el perjuicio económico se extienda más allá del archipiélago canario.

Este suceso vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad del consumidor ante el cierre de empresas que operan bajo modelos de prepago o financiación vinculada. En el ámbito jurídico, este tipo de situaciones suelen derivar en complejas reclamaciones civiles y penales, donde los afectados se enfrentan al reto de recuperar sus fondos en un escenario de insolvencia concursal. Mientras la investigación policial continúa su curso —con otras tres personas identificadas por su presunta implicación en la trama—, los damnificados mantienen su coordinación a través de canales digitales, buscando una vía de resarcimiento ante la pérdida de los servicios contratados y la persistencia de las cuotas de financiación que, en muchos casos, siguen vigentes a pesar de la desaparición de la contraprestación.