La Audiencia Nacional condena a una red de narcotráfico tras hundir su velero para ocultar pruebas
La Audiencia Nacional ha condenado a penas de hasta 27 años de prisión a una red de narcotráfico que operaba desde Tenerife y que hundió su velero para destruir pruebas durante una persecución policial.
La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia que marca un precedente significativo en la lucha contra el narcotráfico marítimo, imponiendo penas que alcanzan los 27 años de privación de libertad para los integrantes de una red criminal dedicada al transporte de estupefacientes. Tal y como recoge la información publicada recientemente sobre este proceso judicial, el fallo pone fin a una instrucción iniciada en 2020 que desarticuló una estructura logística con base operativa en Granadilla de Abona, Tenerife, y que utilizaba veleros para realizar sus actividades ilícitas.
El núcleo de la resolución judicial se centra en la responsabilidad penal de ocho individuos, a quienes se les ha condenado por delitos contra la salud pública, con penas individuales que oscilan entre los siete y los 7,3 años de prisión. No obstante, la condena más severa recae sobre uno de los procesados, quien deberá cumplir una pena adicional de 20 años por los delitos de homicidio e incendio. Este último cargo deriva de la maniobra desesperada que ejecutó la tripulación al verse acorralada por las fuerzas de seguridad cerca de las Islas Baleares: el incendio y posterior hundimiento de la embarcación para destruir cualquier evidencia de la carga. Como consecuencia de este acto, el condenado deberá indemnizar a los herederos de la víctima con 114.300 euros por cada uno de los dos hijos del fallecido.
El tribunal ha tenido en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas para ajustar el cómputo final de las penas, que incluyen multas globales de seis millones de euros. La investigación, que comenzó en un juzgado tinerfeño antes de ser elevada a la Audiencia Nacional en 2022, permitió desvelar un complejo modus operandi. La organización no actuaba como propietaria de la mercancía, sino como una empresa de servicios logísticos que cobraba por el transporte de sustancias desde África.
El caso ilustra las dificultades probatorias a las que se enfrentan las autoridades en este tipo de operaciones. Aunque el valor de mercado de la carga interceptada en mayo de 2022 —estimada en una tonelada y media de hachís— se calculaba en 3,1 millones de euros, la destrucción del navío impidió la recuperación física del alijo. Pese a ello, el testimonio de los agentes de la Guardia Civil, que reportaron un intenso olor a estupefaciente durante el abordaje, resultó determinante para el tribunal.
La operativa de la banda, que utilizaba un velero con bandera británica valorado en 395.000 euros como centro de mando y pernocta, fue monitorizada mediante dispositivos de seguimiento instalados tras el registro autorizado a finales de 2022. Este despliegue permitió identificar a los diez miembros iniciales del grupo, de los cuales dos resultaron absueltos. El episodio subraya la peligrosidad de estas redes, que tras ser interceptadas inicialmente y puestas en libertad por falta de pruebas inmediatas, fueron redirigidas por la organización a Tenerife, donde finalmente fueron capturadas tras un proceso judicial que ha culminado con la desarticulación total de esta célula criminal.