El sector del autocaravanismo en Canarias convoca una movilización contra las restricciones en Arico
La Asociación de Autocaravanistas de Tenerife ha impugnado las restricciones de estacionamiento en Arico y convocado una movilización para el 25 de abril ante la falta de una normativa autonómica unificada que regule el sector en Canarias.
La reciente decisión del Ayuntamiento de Arico de restringir el estacionamiento en el litoral de La Jaca durante la pasada Semana Santa ha reabierto el debate sobre la gestión del espacio público y la convivencia con el sector del autocaravanismo en Canarias. Según ha informado la Asociación de Autocaravanistas y Caravanistas de Tenerife (ACAT), la medida, justificada por el Consistorio bajo criterios de seguridad, ha sido impugnada mediante un recurso de reposición al considerar que carece de una base técnica sólida y que ha derivado en una gestión arbitraria de los permisos de acceso.
El conflicto se centra en la implementación de autorizaciones selectivas que, según la documentación aportada por la asociación, permitieron el estacionamiento de ciertos vehículos mientras se vetaba el acceso a otros, sin que mediaran criterios públicos transparentes. Esta situación ha llevado al colectivo a cuestionar la proporcionalidad de las restricciones impuestas en las calles Cho Pino y Amelia, calificándolas de discriminatorias. La controversia en Arico no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una problemática estructural que afecta a los más de 21.000 vehículos de este tipo que circulan por el Archipiélago, de los cuales 15.000 están censados en las islas y 6.000 provienen de la Península.
La falta de una normativa autonómica unificada es, a juicio de los expertos y del propio sector, el principal foco de inseguridad jurídica. La disparidad de criterios entre municipios —que van desde la limitación horaria de 24 horas hasta la instalación de señales restrictivas o gálibos— dificulta el desarrollo de una actividad que, según datos de ACAT, cuenta con cerca de 400 socios en Tenerife y 900 en el conjunto de las islas. La asociación, que ha participado activamente en la redacción del nuevo reglamento de alojamiento al aire libre del Gobierno de Canarias, sostiene que el sector debe ser considerado una oportunidad económica y no un problema de orden público.
Ante este escenario de creciente tensión, el colectivo ha convocado una movilización para el próximo 25 de abril. La protesta, que recorrerá la autopista del Sur (TF-1) desde San Miguel de Abona hasta Santa Cruz de Tenerife, busca visibilizar las carencias en infraestructuras básicas, como los puntos de vertido de residuos, y denunciar lo que consideran una exclusión sistemática. La organización, que durante el último año ha intensificado su labor institucional con más de 600 horas de trabajo técnico y jurídico, insiste en que su objetivo es alcanzar un marco de convivencia basado en la legalidad y la igualdad de derechos para todos los usuarios de la vía pública, independientemente del tipo de vehículo que utilicen.