Cerrada la instrucción del caso Mediador con 23 procesados.

La magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo, titular del juzgado de instrucción número cuatro de Santa Cruz de Tenerife, ha dado por concluida la fase de instrucción de la pieza principal del conocido "caso Mediador", según ha trascendido este miércoles. La decisión implica la transformación de las diligencias previas en un procedimiento abreviado, al considerar la instructora que existen suficientes elementos para imputar una serie de delitos a un total de veintitrés personas.

Este paso judicial abre ahora un plazo de diez días para que las partes personadas —Fiscalía, acusaciones particulares y defensas— presenten sus escritos solicitando la apertura de juicio oral o el archivo de las actuaciones. Las defensas, de manera excepcional, podrían pedir nuevas diligencias si lo estiman oportuno, dada la magnitud del sumario, que asciende a cuatro terabytes de información. Además, cabe la posibilidad de interponer un recurso de reforma ante el propio juzgado en un plazo de tres días.

Los cargos que se barajan incluyen cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, infracciones contra la Administración Pública, estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública.

La investigación, que ha contado con la colaboración de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, ha delineado un esquema de actuación con dos vertientes principales que convergen en la figura de Marco Antonio Navarro Tacoronte, señalado como el intermediario central de la trama.

Una de las líneas de investigación se centra en el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo y su sobrino Taishet Fuentes Gutiérrez, quien lo sucedió en la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias. A ambos se les atribuye haber favorecido a empresarios del sector primario a cambio de contraprestaciones económicas, parte de las cuales se habrían canalizado a través de patrocinios a un club deportivo de Fuerteventura presidido por el propio Fuentes.

En paralelo, el sumario examina los contactos con el entonces general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, también con Navarro como enlace. Se le imputa haber participado en negociaciones con empresarios interesados en obtener adjudicaciones públicas, aprovechando su posición de influencia.

Entre los principales investigados se encuentran Marco Antonio Navarro Tacoronte, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Taishet Fuentes Gutiérrez, Francisco Espinosa Navas, Antonio Bautista Prado, Raúl Gómez Rojo, Miguel Ángel Robayna García, Alberto Montesdeoca García (a quien también se le imputa un presunto fraude fiscal), María Inmaculada Roca Enrich, Esteban Banús Ricoma, José Santiago Suárez Esteve, Marta Isabel Suárez Cueva, Arantxa Suárez Cueva y Maximiliano Miguel Poveda Sierra. Otros implicados, como Álvaro de la Bárcena Argany, Estefanía Margarita González Núñez, Bienvenida Reyes Ojeda, José Domingo Fernández Herrera y María Loreto Fuertes Díaz, enfrentan cargos por prevaricación, tráfico de influencias, actuaciones contrarias a la Administración y/o malversación. En el ámbito del blanqueo de capitales, además de Navarro Tacoronte y Robayna García, figuran Irene Megolla Pérez, Rubén Fuentes Pérez, Celedonio Castro Marrero y Cristian Mauricio Lillo Meza.

Este avance en la pieza principal se produce después de que, a finales de enero, un tribunal del jurado emitiera un veredicto de culpabilidad por cohecho en la primera pieza separada de esta macrocausa. En aquel juicio, el general de División de la Guardia Civil Francisco Espinosa, el empresario Antonio Bautista y el propio Marco Antonio Navarro fueron condenados por los sobornos destinados a facilitar contratos de instalación de placas solares. Tras el fallo, la Fiscalía solicitó un año de prisión para los tres, mientras que las defensas propusieron penas menores.