Condenan a nueve años de prisión a un hombre por agredir sexualmente y robar a una mujer en Arona
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a nueve años de prisión a un hombre por agredir sexualmente, lesionar y robar a una mujer británica de 73 años en Arona en 2018, basándose principalmente en pruebas genéticas concluyentes.
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dictado una sentencia condenatoria que pone fin a un proceso judicial iniciado tras los hechos ocurridos en mayo de 2018 en Arona. Tal y como recoge la información publicada por diversos medios locales, el tribunal ha impuesto una pena de nueve años de prisión a un individuo por delitos de agresión sexual, lesiones y robo con violencia, perpetrados contra una ciudadana británica de 73 años que residía temporalmente en el sur de la isla.
El fallo judicial, que llega años después del fallecimiento de la víctima —acaecido en enero de 2019 por causas ajenas al suceso—, impone además siete años de libertad vigilada para el condenado. La resolución incluye la obligación de restituir 3.500 euros y dos piezas de joyería sustraídas durante el asalto, además de abonar una indemnización económica que, según lo solicitado por el Ministerio Fiscal, podría ascender a 33.500 euros, sumado a una responsabilidad civil de 800 euros por las lesiones causadas.
La solidez de la sentencia se sustenta en una prueba pericial genética de alta precisión. Los informes forenses presentados durante la vista oral establecieron una probabilidad de coincidencia del ADN hallado en la víctima con el del acusado tan remota que, en términos estadísticos, resulta prácticamente unívoca. Este elemento probatorio, reforzado por el reconocimiento del agresor a través de grabaciones de seguridad y su actividad en redes sociales, fue determinante para desestimar la estrategia de la defensa, que había solicitado la absolución alegando la naturaleza periférica de las pruebas biológicas y reclamando una atenuante por la demora en la resolución del proceso.
El relato de los hechos, reconstruido a partir de la denuncia interpuesta por la mujer tras el ataque, describe una intrusión en el domicilio mediante el escalo de un muro perimetral. Durante las dos horas que duró la agresión, la víctima, que padecía EPOC, fue sometida a coacciones para revelar la ubicación y el código de una caja fuerte oculta en su dormitorio. Aunque el fallecimiento de la mujer se produjo meses después del incidente, su testimonio, prestado en sede policial y ratificado por su hija durante el juicio, fue clave para documentar la violencia ejercida.
Este caso pone de manifiesto la complejidad de los procesos judiciales en los que la víctima no llega a ver la resolución del conflicto, subrayando la importancia de la prueba científica en la persecución de delitos contra la libertad sexual. La sentencia, que también vincula al procesado con un robo previo en las inmediaciones de la urbanización, cierra un episodio que, según el entorno familiar, marcó un punto de inflexión irreversible en la salud y el bienestar de la fallecida.