Condenan a 16 años y medio de prisión a un hombre por agredir sexualmente a una menor en Tenerife

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dictado una sentencia condenatoria de 16 años y seis meses de prisión contra un hombre de 52 años por delitos de agresión sexual continuada y corrupción de menores, tal y como ha trascendido recientemente. Este fallo judicial, que impone además una década de libertad vigilada y una indemnización de 50.000 euros a la víctima, pone de relieve la vulnerabilidad de los menores en entornos de confianza y la sofisticación de las tácticas de captación digital.

El tribunal ha desestimado los argumentos de la defensa, que intentó presentar los hechos como una relación consentida entre iguales. Los magistrados han sido tajantes al señalar que la disparidad de edad —casi 40 años— y la posición de autoridad del adulto invalidan cualquier pretensión de consentimiento, subrayando que la ley española protege la indemnidad sexual de los menores de 16 años independientemente de si existe resistencia física o violencia explícita. La sentencia también ha rechazado la absorción del delito de corrupción de menores en el de agresión sexual, al considerar que ambos protegen bienes jurídicos distintos: la integridad física y la dignidad de la imagen del menor frente a la explotación digital.

Los hechos, ocurridos entre septiembre y octubre de 2023, se fraguaron en un contexto de proximidad familiar. El condenado, padre de una amiga de la víctima, utilizó un perfil falso en redes sociales para establecer un vínculo inicial que, tras ser descubierto por la menor, derivó en una dinámica de coacción y encuentros clandestinos. La investigación, apoyada en la recuperación de material digital borrado de dispositivos electrónicos, permitió acreditar el intercambio de contenido sexual y la inducción a la creación de material pornográfico, elementos que fueron determinantes para la condena.

El proceso judicial ha puesto de manifiesto el impacto psicológico sufrido por la menor, quien, además de la situación de abuso, atravesaba el duelo por el fallecimiento de su padre. Los informes periciales han confirmado cuadros de depresión y ansiedad, factores que, junto a la revelación tardía de los hechos, han sido interpretados por la Sala como una consecuencia directa de la manipulación ejercida por el adulto.

Aunque la acusación particular y la Fiscalía solicitaron penas superiores —de hasta 19 años de cárcel— y mayores compensaciones económicas, el tribunal ha fijado la condena en 10 años y seis meses por la agresión sexual y seis años adicionales por la corrupción de menores. La resolución judicial subraya la importancia de la prueba pericial y digital en casos donde la palabra de la víctima, aunque estable, requiere de un respaldo técnico para desarticular las estrategias de defensa basadas en la supuesta iniciativa de la menor.