Drago Canarias denuncia el nuevo PGO de Los Realejos por el impacto urbanístico en la Rambla de Castro

La reciente aprobación del Plan General de Ordenación (PGO) de Los Realejos ha suscitado una notable controversia urbanística, tal y como ha denunciado la formación política Drago Canarias. El núcleo del conflicto reside en la recalificación de dos terrenos destinados a fines turísticos, cuyas dimensiones alcanzan los 5.033 y 64.525 metros cuadrados, respectivamente, situados en las inmediaciones del Paisaje Protegido de la Rambla de Castro.

Desde la perspectiva de la organización denunciante, la planificación municipal subestima la fragilidad ecológica de este enclave costero. El argumento central de Drago Canarias es que la protección ambiental no debe limitarse a los perímetros estrictos de los espacios catalogados, sino que requiere una gestión coherente de sus zonas de influencia. En este sentido, el foco de mayor inquietud se sitúa en la parcela de menor superficie, donde el planeamiento vigente contempla la creación de 83 plazas alojativas. La capacidad edificatoria asignada a este sector permitiría, según los datos del propio documento municipal, la erección de un complejo hotelero de dimensiones significativas en primera línea de costa, un escenario que Javier Álvarez, portavoz de la formación en el municipio, ha calificado como una operación especulativa en el norte de la isla.

El debate técnico se traslada ahora a la ambigüedad de las salvaguardas ambientales incluidas en el PGO. Si bien el documento exige que los proyectos se ajusten a las directrices del Plan Territorial Especial de Ordenación Turística de Tenerife y a la normativa de Costas, los críticos advierten sobre la falta de concreción de estas medidas. Existe el temor de que la redacción actual del plan actúe como un marco laxo, permitiendo interpretaciones que, bajo el pretexto de minimizar el impacto visual, terminen autorizando desarrollos arquitectónicos incompatibles con la sensibilidad paisajística del entorno.

Este episodio pone de relieve la tensión recurrente en el archipiélago entre la expansión de la oferta alojativa y la preservación del territorio. La Rambla de Castro, un espacio de alto valor ecológico y cultural, se convierte así en el epicentro de un conflicto que cuestiona los criterios de sostenibilidad aplicados en la ordenación del suelo en Tenerife, obligando a revisar si los mecanismos de control actuales son suficientes para evitar la degradación de los bordes de los espacios protegidos.