Vecinos de Los Realejos exigen al Ayuntamiento frenar totalmente la planta de propano de Tigaiga
La plataforma vecinal «No eléctricas-Propano en la Cruz Santa» exige al Ayuntamiento de Los Realejos un compromiso jurídico firme para frenar totalmente la instalación de la planta de generación de emergencia de Disa, rechazando cualquier alternativa de traslado dentro del municipio.
La tensión política en Los Realejos ha alcanzado un punto de inflexión ante la próxima sesión plenaria, donde la plataforma vecinal No eléctricas-Propano en la Cruz Santa ha marcado una línea roja innegociable. Tal y como ha trascendido recientemente, el colectivo exige que el consistorio abandone cualquier postura ambigua y se comprometa formalmente a utilizar todas las herramientas legales y administrativas a su disposición para frenar la planta de generación de emergencia Tigaiga, un proyecto de 14,8 megavatios promovido por Disa Generación.
El conflicto, que se tramita bajo el expediente GE25/017 ante la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, ha derivado en una desconfianza profunda por parte de los residentes. La propuesta de trasladar la infraestructura al Polígono Industrial de La Gañanía —una alternativa que el propio Ayuntamiento llegó a contemplar en junio de 2025 para evitar su ubicación original— es calificada ahora por los vecinos como una maniobra insuficiente. La plataforma sostiene que la oposición debe ser integral y abarcar la totalidad del término municipal, rechazando cualquier fragmentación geográfica del problema.
Desde una perspectiva técnica y administrativa, la envergadura del proyecto es notable: la documentación expuesta al público en mayo de 2026 detalla una inversión de 23,38 millones de euros para la instalación de ocho motores-generadores y dos depósitos de propano de 200 metros cúbicos cada uno. La complejidad del caso radica en su naturaleza de infraestructura estratégica, pues, según las comunicaciones oficiales del Ejecutivo autonómico de finales de 2025, esta planta cuenta con financiación estatal directa destinada a robustecer el sistema eléctrico de Tenerife.
La exigencia vecinal trasciende la mera declaración política. El colectivo demanda que el pleno municipal blinde su postura mediante un acuerdo que obligue al gobierno local a interponer recursos contencioso-administrativos si el proceso de autorización autonómica sigue su curso. Esta petición de "compromiso jurídico real" busca evitar que el expediente avance hacia su aprobación definitiva antes de mayo de 2027, fecha que los vecinos han fijado como límite para el archivo del proyecto.
Este escenario pone a prueba la coherencia de la corporación municipal, que se enfrenta a la necesidad de conciliar el acuerdo alcanzado en diciembre de 2025 —cuando se pactó el traslado a La Gañanía con el Gobierno regional y la empresa— con la creciente presión social que ahora exige una rectificación total. La plataforma insiste en que su rechazo es absoluto y que no aceptará soluciones intermedias que, a su juicio, solo postergan la resolución definitiva de una infraestructura que consideran incompatible con el entorno, independientemente de su localización exacta dentro del municipio.