Los Realejos se rebela contra la instalación de una planta eléctrica de emergencia en La Gañanía

La reciente luz verde otorgada por la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias a la planta de generación eléctrica de emergencia en el polígono de La Gañanía, en Los Realejos, ha desencadenado un conflicto institucional de primer orden. Tal y como recoge el Boletín Oficial de Canarias (BOC) en su edición más reciente, el Ejecutivo regional ha formalizado la resolución firmada por el consejero Mariano Hernández Zapata, que permite a la mercantil DISA desplegar una infraestructura de 14,8 MW alimentada por gas propano.

Este movimiento administrativo, que traslada la ubicación original del proyecto —inicialmente proyectado junto a viviendas en La Zamora— hacia una zona industrial próxima a La Cruz Santa, no ha logrado apaciguar el rechazo social y político. La unanimidad del pleno municipal, que agrupa a los representantes del Partido Popular, PSOE y Coalición Canaria, ha confirmado su intención de impugnar la decisión por la vía administrativa y, de ser necesario, mediante un recurso contencioso-administrativo. Esta postura cuenta con el respaldo activo de la Plataforma Vecinal de La Cruz Santa, cuyos portavoces han anunciado una estrategia jurídica coordinada con el consistorio para frenar lo que califican como una imposición.

Desde una perspectiva técnica, la autorización impone un calendario estricto: la empresa dispone de un semestre para solicitar la puesta en marcha de la planta. El documento oficial subraya que cualquier alteración en las especificaciones técnicas del proyecto obligará a tramitar un nuevo permiso. Asimismo, el promotor queda sujeto a la acreditación previa de los permisos de conexión a la red y a la constitución de avales financieros destinados a cubrir posibles daños a terceros derivados de la ejecución de las obras.

El carácter excepcional de esta infraestructura, justificado por la administración como una medida de contingencia ante posibles fallos en el sistema eléctrico insular, se limita inicialmente a un periodo de tres años. No obstante, la resolución contempla la posibilidad de prórrogas si las condiciones de seguridad del suministro así lo requieren, restringiendo el uso de la planta exclusivamente a situaciones de riesgo inminente para la estabilidad de la red.

La validez de esta autorización no es absoluta. El texto publicado en el BOC incluye una cláusula de salvaguarda que permite a la administración anular el permiso si se detectan falsedades o inexactitudes en la documentación aportada por la compañía. Este punto se convierte ahora en un elemento central para los servicios jurídicos municipales, que buscan agotar todas las instancias posibles para revertir una resolución que, pese a finalizar la vía administrativa, se enfrenta a una oposición local frontal y decidida.