El Ayuntamiento de Los Realejos rechaza la instalación de la planta eléctrica de emergencia en La Gañanía
El Ayuntamiento de Los Realejos rechaza la instalación de una planta eléctrica de emergencia de DISA en La Gañanía ante el rechazo vecinal y la falta de informes autonómicos preceptivos.
La controversia en torno a la futura planta de generación eléctrica de emergencia en Los Realejos ha escalado hasta convertirse en un conflicto institucional de múltiples niveles. Tal y como ha trascendido recientemente, el equipo de gobierno municipal, encabezado por Adolfo González, ha manifestado su rechazo frontal a la instalación proyectada por la empresa DISA en el polígono industrial de La Gañanía, una infraestructura que, a día de hoy, carece de los informes sectoriales preceptivos por parte de la Consejería de Transición Ecológica del Ejecutivo autonómico.
El núcleo del desencuentro radica en la gestión de una obra calificada como de emergencia ante el riesgo de cortes en el suministro eléctrico, una tipología de proyecto cuya financiación y definición técnica dependen directamente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. A pesar de que el pleno municipal aprobó por unanimidad —con el respaldo de PP, PSOE y CC— trasladar la ubicación original desde La Zamora hasta La Gañanía, la actual proximidad de esta nueva localización a núcleos residenciales ha provocado una movilización vecinal que el consistorio ha decidido respaldar.
Desde la alcaldía se insiste en que el Ayuntamiento carece de competencias directas para autorizar o denegar esta infraestructura, subrayando que su papel se limita a la mediación y al apoyo administrativo a los residentes afectados. En este sentido, el regidor ha anunciado una estrategia de presión escalonada que comenzará con una comunicación formal al Ministerio, continuará con gestiones ante el Gobierno de Canarias y finalizará con una interlocución directa con la empresa promotora. La administración local aboga por una transición hacia modelos energéticos menos invasivos, sugiriendo que el uso de baterías eléctricas podría mitigar el impacto ambiental y social que conlleva el almacenamiento y transporte de gas en la zona.
Este escenario pone de manifiesto la tensión entre la necesidad de garantizar la seguridad del sistema eléctrico nacional y la presión de los gobiernos locales por proteger el entorno urbano. Mientras la oposición municipal ha cuestionado la transparencia del proceso, el equipo de gobierno se defiende alegando que su postura ha sido coherente desde el inicio, manteniendo una oposición irrevocable a cualquier instalación que no cuente con el consenso vecinal y que no se alinee con criterios de sostenibilidad más estrictos. La incertidumbre persiste, toda vez que el proyecto Tigaiga sigue pendiente de los permisos autonómicos necesarios para su ejecución.