La playa de San Marcos se queda sin socorristas el 1 de julio por una deuda municipal de 100.000 euros
La empresa concesionaria del servicio de socorrismo en la playa de San Marcos, en Icod de los Vinos, cesará sus funciones el 1 de julio debido a una deuda municipal superior a los 100.000 euros que mantiene bloqueada la operatividad del servicio.
La seguridad en la playa de San Marcos, en Icod de los Vinos, se enfrenta a un escenario de incertidumbre crítica tras el anuncio de la empresa concesionaria de cesar sus funciones el próximo 1 de julio. Tal y como ha informado el diario El Día, la compañía ha tomado esta determinación ante la imposibilidad de mantener la operatividad del servicio debido a una deuda acumulada por parte del Consistorio que supera los 100.000 euros.
Este conflicto financiero, que se arrastra desde hace dos años, se materializa en más de 15 facturas impagadas, a pesar de que existe una resolución judicial firme que obliga a la administración local a liquidar los emolumentos. La situación ha derivado en un estrangulamiento económico para la entidad prestadora, que ya afronta el pago de intereses financieros derivados de la falta de liquidez. Eladio Díaz Rodríguez, responsable de la firma, ha denunciado la falta de interlocución efectiva con el alcalde, Javier Sierra, y ha cuestionado la gestión de las prioridades presupuestarias municipales, contrastando la falta de abono de los servicios básicos con la inversión en otros proyectos, como las reformas del litoral o la organización de festejos.
Desde el equipo de gobierno local (AI-PSOE) han reconocido la existencia de la deuda y han manifestado su intención de buscar una salida extrajudicial para regularizar los pagos. El Ejecutivo municipal ha trasladado la responsabilidad del origen de esta contratación precaria al mandato anterior, bajo gestión de Coalición Canaria. Por su parte, la empresa subraya que, incluso durante la etapa nacionalista, los pagos se normalizaron tras la sentencia judicial, algo que no ha ocurrido en el periodo actual.
Más allá de la controversia administrativa, el cese del servicio plantea un riesgo directo para los usuarios de la playa. La presencia de socorristas es un requisito indispensable para la obtención de la Bandera Azul, un distintivo que ya se veía comprometido por el estado de deterioro que presenta el enclave costero. La empresa, que ha mantenido la vigilancia ininterrumpida durante los últimos cuatro años, advierte que su retirada dejará a los bañistas sin cobertura de seguridad, un hecho que, según sus registros, ha sido vital para prevenir incidentes graves en la zona. La falta de una licitación que regularice el marco contractual actual mantiene al servicio en una situación de precariedad que, según la concesionaria, ha llegado a un punto de insostenibilidad insalvable.