Conflicto administrativo pone en duda la prórroga de la concesión del puerto deportivo de Puerto Colón
La gestión del puerto deportivo de Puerto Colón enfrenta una disputa administrativa sobre la vigencia de su concesión, mientras la empresa explotadora propone una inversión de 20 millones de euros para asegurar su continuidad.
La gestión del puerto deportivo de Puerto Colón, en Adeje, se encuentra en una encrucijada administrativa que pone a prueba la seguridad jurídica de las concesiones portuarias en el Archipiélago. Tal y como ha desvelado eldiario.es, la pretensión de la empresa explotadora de extender su título concesional hasta alcanzar los 75 años de vigencia —el tope legal permitido por la normativa autonómica— choca frontalmente con una interpretación previa de la Dirección General de la Costa y el Mar.
El conflicto se articula en torno a la fecha de caducidad del derecho de explotación. Mientras que el expediente abierto por Puertos Canarios, que ha iniciado el trámite de información pública tras una resolución fechada el pasado 24 de julio, sitúa el vencimiento del título en diciembre de 2033, el Ministerio para la Transición Ecológica sostuvo en un informe de agosto de 2022 que la concesión habría expirado en julio de 2018. Esta discrepancia se fundamenta en la aplicación de la Ley de Costas de 1988, que estableció un límite de tres décadas para los títulos otorgados con anterioridad a su entrada en vigor, un criterio que, de confirmarse, afectaría a una docena de instalaciones portuarias en las Islas.
A pesar de esta controversia sobre la vigencia del título original —concedido por el Consejo de Ministros en 1983—, la administración regional ha dado luz verde técnica a la solicitud de prórroga excepcional. El informe del Director Gerente de Puertos Canarios avala el estado de conservación de las infraestructuras y respalda la viabilidad de la petición.
Para consolidar esta extensión, la concesionaria ha presentado un plan de inversiones valorado en 20,29 millones de euros. Este compromiso financiero contempla una reordenación integral del recinto, que incluye la construcción de un nuevo edificio comercial, una zona dedicada a la formación náutica, una dársena de varadero, así como la mejora de los accesos y la creación de una nueva plaza pública. El grueso de esta partida económica se destinará, según la memoria del proyecto, a labores de mantenimiento y actualización de los equipamientos existentes, en un intento por asegurar la operatividad del puerto durante las próximas décadas, siempre que la batalla legal sobre la validez del título se resuelva a favor de la continuidad de la explotación.