La justicia paraliza la expropiación de la Casa Fuerte de Adeje por irregularidades administrativas

La protección del patrimonio histórico en Canarias vuelve a chocar con la complejidad de la propiedad privada y la burocracia administrativa. Según ha trascendido recientemente, el Ayuntamiento de Adeje se enfrenta a un nuevo contratiempo judicial que paraliza, una vez más, el expediente de expropiación de la Casa Fuerte, un enclave fundamental para comprender la estructura económica y social de Tenerife tras la conquista castellana. La justicia ha dado la razón a una de las propietarias, residente en el complejo, al detectar irregularidades en la notificación del proceso, lo que obliga al Consistorio a retrotraer las actuaciones y elevar nuevamente el expediente a pleno.

Este revés añade una capa de dificultad a un proceso que se prolonga durante más de tres décadas. El objetivo del gobierno municipal, liderado por José Miguel Rodríguez Fraga, es integrar este monumento —declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1986— en el patrimonio público para su puesta en valor como centro de interpretación. Sin embargo, la atomización de la titularidad del inmueble, que se reparte entre más de un centenar de herederos pertenecientes a once ramas familiares, ha convertido la gestión en un laberinto legal. La oferta de 1,6 millones de euros planteada por la administración local ha sido rechazada por la mitad de los propietarios, quienes mantienen una postura de resistencia frente a la nacionalización del bien.

Desde el área de Urbanismo, encabezada por Manuel Luis Méndez, se subraya la paradoja de esta situación: al tratarse de un BIC, el valor urbanístico de los terrenos es nulo, dado que cualquier intervención está estrictamente regulada y la alteración del conjunto arquitectónico está prohibida. A pesar de las trabas, el Ayuntamiento mantiene su voluntad de culminar la expropiación, un paso que consideran indispensable para garantizar la conservación de un complejo de 7.200 metros cuadrados que, tras el incendio de 1902 y el paso del tiempo, requiere una intervención urgente pero respetuosa con su autenticidad.

La relevancia histórica de la Casa Fuerte trasciende su arquitectura. Construida en el siglo XVI por Pedro de Ponte y Vergara, la edificación funcionó como el epicentro de un sistema productivo basado en la caña de azúcar y el control comercial marítimo. La figura de De Ponte, regidor perpetuo y alcaide, ejemplifica la ambición de las élites de la época, capaces de obtener el respaldo de la Corona para fortificar la finca bajo la excusa de la defensa contra la piratería, mientras simultáneamente mantenían relaciones comerciales —a menudo clandestinas— con corsarios como John Hawkins.

Este entramado de poder dejó un rastro documental exhaustivo, actualmente custodiado en el Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Los archivos, que incluyen inventarios, testamentos y registros de transacciones, constituyen una fuente primaria de valor incalculable para el estudio de la esclavitud en el archipiélago. Los documentos detallan cómo personas esclavizadas, procedentes mayoritariamente del África subsahariana y del norte del continente, eran contabilizadas como activos patrimoniales junto a tierras y ganado. La persistencia de apellidos locales vinculados a estos trabajadores forzosos es un recordatorio vivo de aquel pasado.

Aunque la Casa Fuerte logró salir en 2024 de la «Lista Roja» de Hispania Nostra —gracias, en parte, a la apertura del recinto para visitas guiadas como la Ruta del Agua—, su futuro sigue supeditado a la resolución de este conflicto de propiedad. La postura de los expertos es clara: cualquier actuación futura deberá evitar las reconstrucciones especulativas, priorizando la conservación científica de los restos originales. Para el Ayuntamiento, el desafío no es solo jurídico, sino ético: rescatar del olvido un espacio que fue, simultáneamente, motor económico, fortaleza defensiva y escenario de uno de los capítulos más oscuros de la historia insular.