Un vacío legal en aguas internacionales bloquea el juicio por un homicidio en una patera hacia Canarias
La falta de jurisdicción de los tribunales españoles sobre delitos cometidos en aguas internacionales complica el procesamiento de dos detenidos por un presunto homicidio durante una travesía migratoria hacia Gran Canaria.
La reciente detención de dos individuos por parte de la Policía Nacional, acusados de un presunto homicidio durante una travesía migratoria hacia Gran Canaria, ha puesto de manifiesto un vacío legal crítico en la persecución de delitos violentos cometidos en alta mar. Según ha trascendido a través de la información publicada por la agencia EFE, el caso se encuentra en un punto muerto procesal debido a la falta de jurisdicción de los tribunales españoles, un escenario que, lejos de ser excepcional, refleja una carencia estructural en el Derecho Internacional y la normativa penal española.
El suceso, que tuvo lugar el pasado mes de mayo, involucra a una embarcación neumática rescatada por Salvamento Marítimo con 62 personas a bordo. La investigación policial se activó tras la denuncia de un residente en Tenerife, quien alertó sobre la desaparición de su hermano, Daha Mohemad Fadel Lehbib, de 35 años. Los testimonios recabados por los agentes sugieren que la víctima fue arrojada al agua tras un altercado, sin que el patrón de la patera ni los otros implicados realizaran maniobras de auxilio. La disparidad en las declaraciones de los testigos —que oscilan entre la intencionalidad del empujón y una posible imprudencia— complica aún más la calificación jurídica de los hechos.
Desde una perspectiva técnica, la Fiscalía de Extranjería de Las Palmas ha expresado dudas razonables sobre la viabilidad de la causa. El obstáculo principal reside en el principio de territorialidad: la Justicia española carece, por norma general, de competencia para juzgar delitos cometidos en aguas internacionales cuando ni los autores ni la víctima poseen la nacionalidad española y la embarcación carece de pabellón nacional. Aunque la legislación permite la extraterritorialidad en casos de favorecimiento de la inmigración irregular, la jurisprudencia actual restringe esta potestad a actos directamente vinculados con la organización o el pilotaje de la patera hacia territorio nacional, dejando fuera de su alcance otros crímenes violentos ocurridos durante el trayecto.
Este caso no es un hecho aislado, sino que se suma a una preocupante lista de situaciones de impunidad denunciadas por la fiscal Teseida García ante el Parlamento Europeo. La representante del Ministerio Público ha expuesto en foros internacionales la impotencia que siente la administración de justicia ante agresiones sexuales o actos de violencia extrema —como el descarte de personas para aligerar peso en embarcaciones en peligro— que, al ocurrir fuera de las aguas jurisdiccionales, escapan al control de los tribunales españoles. La situación actual plantea un dilema ético y jurídico: la necesidad de una reforma legal que permita perseguir la criminalidad en las rutas migratorias, frente a las limitaciones de un sistema que, hoy por hoy, se ve maniatado por la falta de competencias extraterritoriales para delitos comunes cometidos en el océano.