El sindicato Asipal impugna la reactivación de la Unipol en Santa Cruz de Tenerife por irregularidades administrativas
El sindicato Asipal ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la falta de negociación en la creación de la nueva Unidad de Intervención Policial (Unipol).
La seguridad ciudadana en Santa Cruz de Tenerife se enfrenta a un nuevo escollo administrativo que podría condicionar el despliegue de su unidad especializada. Tal y como recoge el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), la asociación sindical Asipal ha iniciado un procedimiento contencioso-administrativo contra el Consistorio capitalino, cuestionando la hoja de ruta seguida por el equipo de gobierno para la reactivación de la Unidad de Intervención Policial (Unipol).
El núcleo del conflicto reside en la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) necesaria para habilitar las 48 plazas que compondrán este cuerpo. Mientras el Ayuntamiento mantiene su intención de que los agentes patrullen las calles antes de que finalice el presente ejercicio, la representación sindical sostiene que la administración local ha prescindido de la negociación colectiva preceptiva. Según ha trasladado el delegado de personal de Asipal, Juan Pedro Cruz, la discrepancia no radica en la existencia de la unidad en sí, sino en la forma en que se han alterado las condiciones laborales de la plantilla, alegando un incumplimiento de las ratios y criterios de adaptación a las necesidades reales que estipula el decreto ley 6/2023.
Desde el área de Recursos Humanos, la concejala Purificación Dávila ha restado importancia a la vía judicial abierta, asegurando que el proceso de formación de los agentes en las dependencias de Los Campitos sigue su curso. Para el Ejecutivo municipal, la puesta en marcha de este grupo operativo es una prioridad estratégica para reforzar la vigilancia en los barrios, una medida que, según la edil, no se verá alterada por la impugnación presentada ante el Tribunal de Instancia nº1 de Santa Cruz de Tenerife.
Este choque jurídico pone de relieve la complejidad de gestionar los recursos humanos en el ámbito de la seguridad local, donde la urgencia política por desplegar efectivos suele colisionar con el marco normativo que protege la estabilidad y los derechos de los funcionarios. El Ayuntamiento dispone ahora de un plazo de nueve días para personarse en la causa y defender la legalidad de sus actuaciones frente a las alegaciones de falta de consenso planteadas por el sindicato. Mientras tanto, la ciudad permanece a la espera de comprobar si la formación de los 48 integrantes de la Unipol culminará en el calendario previsto o si el litigio forzará una revisión de los procedimientos administrativos empleados hasta la fecha.