Un recurso administrativo paraliza la incorporación de 26 nuevos agentes de Medio Ambiente en Tenerife
La incorporación de 26 nuevos agentes de Medio Ambiente en Tenerife ha quedado paralizada cautelarmente tras la interposición de un recurso de alzada contra el proceso selectivo, lo que retrasa la modernización de la vigilancia en los espacios naturales de la isla.
La modernización de la vigilancia en los espacios naturales de Tenerife se enfrenta a un escollo administrativo que amenaza con alterar los plazos previstos por el Cabildo. Según ha trascendido recientemente, la interposición de un recurso de alzada por parte de un aspirante excluido del proceso selectivo ha forzado la paralización cautelar de la incorporación de 26 nuevos agentes de Medio Ambiente. Esta impugnación, formalizada el pasado 16 de febrero, suspende la dotación de unas plazas que resultan estratégicas para el despliegue del nuevo modelo de gestión forestal y control de áreas protegidas diseñado por la corporación insular.
La resolución de este conflicto administrativo, que ahora queda en manos de la presidencia del Cabildo, se dilatará al menos durante el periodo de alegaciones abierto tras la publicación oficial en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). El proceso de selección, derivado de la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2020-2023, ya presentaba una complejidad previa: de las 26 vacantes ofertadas, el tribunal calificador declaró desiertas seis al no alcanzar el número de candidatos aprobados el total de puestos disponibles. La veintena de plazas restantes, cuya cobertura queda ahora en suspenso, estaban destinadas a reforzar la presencia de funcionarios en los parques rurales de Teno y Anaga, así como en labores de gestión forestal en enclaves como Vilaflor y La Orotava, además de tareas de apoyo directo a la Consejería de Medio Natural.
Este contratiempo jurídico coincide con una etapa de fuerte controversia política en torno a la estrategia de seguridad del Cabildo. Mientras la institución insular defiende un plan que busca incrementar la plantilla de agentes en el Parque Nacional del Teide —pasando de dos a siete efectivos con una meta a largo plazo de trece—, la externalización de servicios de vigilancia ha generado un intenso debate. La licitación de un contrato de seguridad privada, valorado en 5,8 millones de euros para un periodo de tres años, ha sido objeto de críticas por parte de sindicatos, colectivos ecologistas y formaciones políticas como el PSOE e Izquierda Unida Canaria. Estos sectores denuncian una supuesta privatización de funciones públicas, cuestionando la idoneidad de delegar la vigilancia en guardas rurales frente a la figura del agente de la autoridad.
La adjudicación del servicio a la empresa Segurmaximo, única licitadora, ha intensificado las peticiones de explicaciones por parte de la oposición, que exige mayor transparencia sobre la coexistencia de este personal privado con los cuerpos de seguridad públicos, como la Policía Canaria o la Guardia Civil. Bajo el marco de la Ley 39/2015, el recurso de alzada interpuesto agota la vía administrativa, obligando a la administración insular a resolver la impugnación en un plazo máximo de tres meses. Mientras tanto, el modelo de protección integral del territorio, que pretende protocolizar las actuaciones de vigilancia y coordinar a informadores y educadores bajo una nueva figura de inspección, permanece a la espera de que la situación de los efectivos públicos se normalice.